Las autoridades judiciales quieren ir mucho más allá de solo capturar expendedores de drogas en Cúcuta, pues saben que eso no está frenando la problemática del microtráfico y por ello han decidido afectar esas redes en lo económico.
Y el encargado de eso será un grupo de investigadores de la Sijín, que tiene la misión de aplicar las medidas cautelares de extinción de dominio a los bienes que estén inmersos en la comercialización de drogas.
La semana pasada, tras ocho meses de investigación, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) llegaron a varios inmuebles que aparentemente han sido destinados al almacenamiento y ventas de drogas en diferentes comunas de la ciudad.
Dentro de estas investigaciones, las autoridades lograron identificar 11 predios, avaluados en más de 1.500 millones de pesos, ubicados en los barrios Alfonso López, Bajo Pamplonita, Antonia Santos, La Ínsula, El porvenir, El Contento, Guaimaral, El Desierto y Sabana Verde.
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La Fiscalía 63, adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas para la Extinción del Derecho de Dominio, fue quien ordenó la extinción de dominio.
Según las investigaciones, los predios serían de presuntos integrantes de bandas como ‘Los Carteludos’, ‘Los de Atalaya’, ‘Los Benjamín’, ‘Los del parque’, ‘Los Familiares II’ y ‘Los Bacanes’ y que actualmente se encuentras desarticuladas.
Pero, según el coronel William Quintero, comandante de la Mecuc, los bienes estarían siendo usados por Evert Carreño Corredor, alias Porras y Carlos Alexander Díaz Rojas, ‘Carlos Pecueca’, líderes de estructuras dedicadas al microtráfico y homicidio.
Las autoridades indicaron que la mayoría de esas viviendas estarían siendo habitadas por familiares o miembros de estas estructuras criminales y serían usadas para el tráfico de estupefacientes.
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Medidas Cautelares
Una fuente judicial indicó que tras la identificación de esos inmuebles, procedieron a la materialización de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo por medio de la extinción de dominio, enmarcada en la Ley 1704 del 2014, donde se estipula que esto será aplicado como una consecuencia del desarrollo de actividades ilícitas, pasando a ser propiedad del estado.
El coronel Quintero manifestó que, “con esta extinciones de dominio se siguen afectando las rentas criminales de estos grupos de delincuencia común organizada. No solamente estamos capturando los cabecillas que están inmersos en investigaciones por homicidio, sino que ya le estamos llegando los bienes”.
Las autoridades explicaron que desde marzo comenzaron a aplicar la primera fase de estas medidas de extinción de dominio, que hoy suman 22 predios, donde presuntamente las bandas como ‘Los del Callejón García’, ‘Los apple’, en 2021, y ‘Los Visajosos’, también estarían vinculados.
Ante esta operación, las autoridades manifestaron que, “ojalá los propietarios de los inmuebles no permitan ese uso indebido, porque pierden todo lo que con mucho esfuerzo les había costado conseguir”.
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