La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ha dejado, a la fecha, un saldo alarmante de al menos 80 muertos en el Catatumbo.

Este enfrentamiento, que parecía improbable hace apenas unos meses, expone un panorama de tensión territorial, lucha por economías ilícitas y una escalada de violencia que ha tomado por sorpresa a las comunidades y las autoridades.

Las fricciones entre ambos grupos no son nuevas. Durante el cese al fuego bilateral entre el Eln y el Gobierno Nacional, que finalizó el 3 de agosto de 2024, ya se reportaban roces. Estas tensiones se originaban en disputas por el control del narcotráfico y de los territorios estratégicos del Catatumbo.

A pesar de las diferencias, los dos grupos lograban coexistir en la región, manteniendo un frágil respeto mutuo.

Sin embargo, el fin del cese al fuego cambió la dinámica: aunque se pensaba que las acciones de ambos grupos se dirigirían contra la fuerza pública, nadie anticipaba que la confrontación se tornaría entre ellos mismos.

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El Eln comenzó a fortalecer sus capacidades militares en los meses posteriores al cese al fuego. Desde diciembre, se evidenciaron movimientos significativos de tropas hacia sectores clave como Tibú y El Tarra.

El presidente Gustavo Petro llamó, ayer, la atención de los militares por no tener información sobre la movilización de guerrilleros del Eln de Arauca hacia Norte de Santander.
Inicialmente, se creyó que estos desplazamientos estaban relacionados con la temporada de fin de año o con la preparación para atacar infraestructuras estratégicas, como el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Sin embargo, estas maniobras formaban parte de una estrategia para confrontar al Frente 33 de la disidencia, que, a juicio del Eln, estaba vulnerando sus “bases sociales” y poniendo en peligro su control territorial.

Las tensiones alcanzaron su punto crítico con la muerte de alias el Catre, líder del Frente Juan Fernando Porras del Eln, quien fue abatido el 12 de enero en la vereda La Cuatro de Tibú. Esta acción marcó el inicio de una ofensiva abierta.
Tres días después, el 15 de enero, ocurrió la masacre de la familia López en zona rural de Tibú, un hecho que habría sido perpetrado por la disidencia de las Farc, ordenada por alias Lalo, aparentemente con la intención de incriminar al Eln.

Al día siguiente, la guerra a muerte entre ambos grupos estalló, desencadenando enfrentamientos directos que han sumido al Catatumbo en una espiral de violencia.
Un video divulgado en redes sociales en noviembre ya daba indicios de la creciente hostilidad. En las imágenes, integrantes armados de ambos bandos intercambiaban reproches, exigiendo respeto mutuo.

“Nosotros no le faltamos al respeto a ustedes en ningún momento”, se escucha decir a un miembro de la disidencia. Estas palabras, que entonces parecían un intento de evitar la confrontación, hoy resuenan como un eco de advertencias ignoradas.

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La ofensiva del Eln ha sido contundente, aprovechando su experiencia en el manejo de explosivos y operaciones de alta movilidad.
Desde ataques con francotiradores hasta el uso de artefactos explosivos improvisados, han demostrado una capacidad superior que ha dejado al otro grupo debilitado y desorganizado.
La disidencia, por su parte, no ha logrado responder con la misma fuerza. Al futuro, se estima que solo el 30% de su estructura inicial logrará sobrevivir a esta confrontación, funcionando en pequeñas células que intentarán resistir el embate.

El control territorial es el principal motor de esta confrontación. Para ambos grupos, dominar el Catatumbo implica asegurar el acceso a economías ilícitas, particularmente el narcotráfico.
Sin embargo, esta lucha también afecta gravemente a las comunidades locales, que quedan atrapadas en medio del fuego cruzado.
Las extorsiones, los desplazamientos forzados y el uso de la población como escudo humano son algunas de las prácticas que han intensificado la crisis humanitaria en la región.

Las autoridades militares y judiciales, conscientes de la magnitud de la crisis, reforzarán las operaciones en corredores estratégicos para prevenir mayores afectaciones a la población civil.
Sin embargo, la complejidad del territorio y la capacidad de adaptación de estos grupos dificultan la contención efectiva.

La confrontación podría replicarse en otras regiones como el sur de Bolívar y Antioquia, donde el Eln y la disidencia comparten dinámicas similares de disputa territorial.
Mientras el oro es la economía predominante en estas zonas, en el Catatumbo es el narcotráfico el que alimenta la violencia.

La guerra entre ambos grupos armados es un reflejo de las fallas estructurales en la implementación de estrategias de seguridad en el Catatumbo.
A pesar de los esfuerzos por debilitar a estos grupos, la región sigue siendo un escenario de disputa por el poder.

La cifra de 80 muertos es un recordatorio trágico de la fragilidad de la paz en una región históricamente marcada por el conflicto.

Para las comunidades del Catatumbo, la esperanza de vivir sin miedo parece cada vez más lejana, mientras los grupos armados continúan librando su guerra a expensas de quienes habitan este territorio.

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