Mary del Carmen Caldera es una de las 1.376 personas venezolanas reconocidas por el Estado colombiano como refugiada en el país. Ella y otros 119 extranjeros, de diferentes nacionalidades, también han obtenido el reconocimiento de protección internacional por parte de Colombia. Sin embargo, los nacidos en el vecino país solo representan el 2,18% del total de solicitudes de refugio aprobadas desde el 2017.
La Cancillería colombiana hasta la fecha ha recibido un total de 63.000 solicitudes de refugio.
Ella, del estado Yaracuy, tiene dos hijas, a quienes también cobija la medida de refugio, y quienes están en Colombia gozando de los beneficios de ser refugiadas, pero sin poder regresar a la tierra que las vio nacer, porque no es garantista de sus derechos fundamentales.
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Hoy, Día Mundial del Refugiado, Mary da testimonio de cómo le cambió la vida y la de su familia al ser reconocidas como refugiadas en un país, que está recibiendo al mayor flujo migratorio de este momento en el mundo: el venezolano (7.774.494, según la Plataforma de Cooperación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela).
“El primer correo que recibí de Cancillería decía que la solicitud había sido cancelada porque carecía de pruebas fehacientes y tenía 15 días para poder apelar. Gracias a la gestión de los abogados de Acnur y Corprodinco se hizo la apelación, en la cual se sumaron algunas pruebas y se volvió a enviar el proceso”, señala Mary.
Un mes después de esa apelación, Mary recibió la aprobación de la condición de refugiada en Colombia, convirtiéndose ella y dos de sus tres hijas en el segundo núcleo familiar de refugiados en Norte de Santander. Pero para lograr esta respuesta afirmativa pasaron tres años de espera.
“Yo tengo tres hijas, una de 21 años, otra de 13 años, y la menor de 6 años. Las dos primeras son mis beneficiarias de la condición de refugio. Pero, en esos tres años se presentaron varios inconvenientes y todavía sigue habiéndolos, aun cuando ya el proceso sea afirmativo”, dice.
Explica Mary que durante el proceso de solicitud, se dieron cuenta que las instituciones educativas no reconocen el salvoconducto como documento para acceder al estudio o para tener salud, además, de que tampoco se puede emplear para encontrar un empleo formal.
“Una vez que me aprobaron la solicitud, se abrieron muchas puertas ya podía tener una cuenta bancaria, las trabas en educación fueron menos, aunque todavía insisten que tengo que tener el PPT (Permiso por Protección Temporal) para estudiar”, cuenta la venezolana, que llegó a Colombia huyendo de su país por una violación sistemática a sus derechos, luego que el Gobierno de Chávez decidiera quitarle todos los servicios públicos.
Mary hizo dos cursos como trabajadora social en Cuba patrocinada por el gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías. Desempeñó su profesión en la junta de acción comunal y en la Gobernación, pero una vez ingresó a este último empleo decidió retirarse por una serie de situaciones que no le gustaron, pero el Gobierno le negó la renuncia, le bajó el rango y el sueldo.
El caso de Mary Caldera es uno de muchos, pero la diferencia de ella con muchas otras personas que solicitan ser protegidas por el Estado colombiano es que a Mary le dijeron que sí, y hoy cuenta con el reconocimiento.
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Las cifras de solicitudes de refugio en Colombia han ido creciendo con el paso del tiempo, para el 2023 el número era de más de 43.000 solicitudes, y ya van por 63.000, de las cuales solo 2,18% han sido aprobadas a venezolanos, según datos revelados en el evento ‘Declaración de Cartagena 40 años, aprendizajes y retos para Colombia’, organizado por el Centro de Derechos Humanos de Universidad Católica Andrés Bello, la Clínica Jurídica para Migrantes de Universidad de Los Andes, WOLA, la Fundación Mahuampi y la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe.
Cancillería, meses antes, específicamente el 6 de marzo de este año respondió a esta interrogante que “las cifras generales de radicaciones de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado -con corte al 31 de enero de 2024- corresponden al total de 60.908. De estas 59.654 corresponden a un 97,94% de solicitudes radicadas por nacionales venezolanos”.
Además, resaltaron que entre el año 2017 y 2023, un total de 1.475 personas fueron reconocidas como refugiadas de las cuales 1.360, aproximadamente el 92%, corresponden a nacionales venezolanos.
Si se analizan las cifras de aprobaciones confrontándolas con la cantidad de solicitudes es mínima sobre todo considerando la cantidad de personas venezolanas que han salido del vecino país, y tomando en cuenta que Colombia y los países de acogida de la región tienen leyes muy progresistas en este sentido.
El caso del fenómeno de movilidad forzada de los venezolanos en teoría aplica perfectamente a que sean amparados bajo la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 –que este año cumple 40 años, y que amplió la definición o el concepto que se había establecido para el refugiado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y el Protocolo de 1967.
Según la Plataforma de Cooperación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a corte 30 de junio de 2023, en el mundo 1.184.889 personas venezolanas tienen solicitudes de asilo pendientes que han sido recibidas por las autoridades.
Durante el evento ‘Declaración de Cartagena 40 años, aprendizajes y retos para Colombia’, y en su participación Georgina Quiñonez, oficial asociada de Reasentamiento de Acnur, explicó que existe una serie de retos en materia de protección en la región por el caso venezolano, pero Colombia, por ubicarse geográficamente más cerca del territorio venezolano, le ha tocado el mayor reto de estabilidad de estas poblaciones.
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La capacidad de respuesta supera el número de solicitudes que se reciben, porque las instituciones involucradas en tomar la decisión de aprobación o negación del refugio no estaban preparadas para manejar este volumen de casos. ¿Qué consecuencias trae esto? Existen vacíos de protección y no se termina de definir las funciones y competencias de las entidades y personas que están involucradas.
“Se necesita que las repuestas sean mucho más rápidas, porque estar dos y tres años esperando una decisión es mantener a las personas en un margen de incertidumbre”, dice Mary Caldera.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) especifica en su página que más de 230.000 personas venezolanas han sido reconocidas como refugiadas, a corte de septiembre de 2023.
María Teresa Urueña, responsable de incidencia de la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe, precisó en su participación en el evento, que se debe lograr una verdadera integración para garantizar que haya menos movilizaciones de personas con tantas vulnerabilidades. Señaló que mientras no existan garantías de derechos básicos es imposible que no se vuelvan a movilizar.
La especialista enfatiza que existen gobiernos que indican que se está dando un abuso de las solicitudes de asilo; sin embargo, si estos no garantizan mecanismos de regularización accesibles, entonces, las personas que se movilizan de manera forzada recurren a este mecanismo internacional, que los cobija y protege.
Para Mary Caldera la aprobación de su solicitud significó un triunfo y un paso gigante entre la estabilidad y la tranquilidad de su familia en Colombia. “Este país está haciendo esfuerzos por lograr esa integración”, afirma la venezolana, residenciada en Cúcuta, donde labora para una oenegé en espacios protectores para mujeres víctimas de VBG.
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Caso Brasil destaca
En Latinoamérica, Brasil ha sido el ejemplo de reconocimiento masivo de venezolanos. Este país anunció la decisión de asumir el procedimiento simplificado prima facie adoptado por el Comité.
En junio de 2019, el Conare reconoció la situación en Venezuela como una situación de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos, de acuerdo con la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, los venezolanos que solicitan la condición de refugiado y cumplen con los criterios específicos establecidos por el Conare de Brasil tienen acceso a un procedimiento de asilo simplificado, sin necesidad de sostener una entrevista.
Según explica la página de Acnur, este procedimiento solo aplica para venezolanos o personas apátridas que residían en Venezuela y que solicitaron asilo en Brasil y no salieron del país más de dos veces desde el 2016.
“Con la decisión de hoy, Brasil ha reconocido a aproximadamente 46.000 venezolanos y venezolanas como refugiados, lo que representa la mayor población de refugiados de este país reconocida en América Latina”, precisa la página.
En Brasil, especifica Conare, hay aproximadamente 50.000 personas refugiadas de 55 países diferentes, siendo los venezolanos el 90% de esta población.
Tercera Consulta Temática del Proceso de Cartagena+40
El objetivo de la Tercera Consulta Temática del Proceso de Cartagena+40 sobre Protección en Contextos de Desplazamiento Forzado por Desastres – que se realiza en Bogotá, ayer y hoy 20 de junio de 2024 – es realizar una reflexión común para identificar, destacar y promover soluciones concertadas para fortalecer, como respuesta regional, la protección, preparación y resiliencia de las personas desplazadas por la fuerza en contextos de desastres y efectos del cambio climático.
En Santiago de Chile se adoptará en diciembre de 2024 Cartagena +40 -Declaración y Plan de Acción de Chile. La adopción del nuevo plan estratégico decenal implica la coordinación de tres consultas regionales, en las cuales “uno de los ejes de discusión es la integración de las personas refugiadas y migrantes, y soluciones para las personas que ya están en países de destino, en países de origen y también en países de tránsito” explicó a DW Tomas Pascual Ricke, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Acnur
El Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se conformó en 1950, luego de terminar la segunda guerra mundial, para apoyar a las personas que huyeron de Europa o perdieron sus hogares por la guerra.
El objetivo principal en Acnur es salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir.
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