La reciente reunión desarrollada en Puerto Ordaz, Venezuela, en la que los mandatarios de ese país, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron la reapertura de la frontera con algunas acciones de control a partir del sábado anterior, “sigue dejando un sin sabor” al interior de la Procuraduría Regional Norte de Santander.
Así lo informó Juan Carlos Bautista, jefe del Ministerio Público en esta región, quien expresó que “de dicho encuentro no se conoce si fueron abordados aspectos relacionados con la adopción de políticas serias y estructurales que contribuyan a resolver los graves problemas de desempleo e informalidad en esta zona del país”. (Lea además Restringen paso de repuestos para vehículos hacia Venezuela)
Además recordó que recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el índice de desempleo supera el 25% y la informalidad laboral “galopa” sobre el 76%, cifras que sirven para soportar su preocupación.
“Aparentemente, de nuevo para el departamento y el Área Metropolitana de Cúcuta pasa de largo una oportunidad de importancia sustancial, en la cual el Gobierno nacional debía estructurar políticas, planes y programas serios que nos permitirán salir de la humillante ubicación en la que de tiempo atrás nos encontramos”, agregó. (Le puede interesar San Antonio revive tras reapertura fronteriza)
Bautista enfatizó que ninguna política de Estado se conoció por parte del Ejecutivo central para enfrentar la complicada realidad por la que atraviesa Norte de Santander y especialmente la frontera con Venezuela.
“Nuevamente vemos cómo el departamento recibe medidas que en nada enfrentan los verdaderos problemas sociales de nuestra región; por el contrario, los controles de la Fuerza Pública, concentrados inexplicablemente en las personas que venden en menor escala combustible y artículos de contrabando, estimulan el incremento del desempleo y extienden los círculos de miseria de la ciudad, sin dejar de lado el posible aumento de la inseguridad urbana”, concluyó el procurador regional.
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