“Ninguna ciudad está preparada para recibir, de manera desbordada, una cantidad tal de deportados y expulsados como le ha tocado a Cúcuta en los últimos días y meses”.
Así, de manera tajante, respondió el alcalde de la ciudad, Donamaris Ramírez, la pregunta sobre la forma en que su administración le hará frente a la crisis que vive la región por cuenta del cierre de la frontera y las deportaciones masivas implementadas por el gobierno venezolano desde el pasado miércoles.
“Esta ciudad ha recibido gente durante 60 años y ya está saturada de tantas personas. Ya no damos abasto para seguir recibiendo y recibiendo personas que deberían más bien volver a sus lugares de origen”, agregó el mandatario.
Ramírez indicó que las cifras de desempleo en la ciudad no disminuyen porque, si bien “nosotros hemos generado mucho empleo en la región, la mayoría de las plazas laborales han sido copadas por personas de otras zonas del país”.
Ante esta realidad, que en vez de solucionarse pareciera agravarse con el paso de las horas, Óscar Calderón, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Norte de Santander, sostuvo que las autoridades colombianas deberían elaborar un perfil de las personas que estaban en San Antonio y fueron deportadas, ‘pues allí había solicitantes de refugio y refugiados reconocidos’.
“¿Qué va a pasar con ellos? Al volver al país del que tuvieron que salir huyendo, su riesgo se va a incrementar, ¿qué va a hacer el Gobierno para garantizarles su seguridad?”, se preguntó.
Calderón agregó que en esta zona del Táchira también había personas que estaban reconocidas como víctimas en Colombia y huyeron al vecino país a buscar refugio, pero no solicitaron ayuda formal del gobierno venezolano.
“Finalmente, hay personas que están allá porque en ese país el factor cambiario los favorecía y solo tenían su residencia allí pero trabajaban aquí, del lado colombiano”, puntualizó.
Así las cosas, uno de los problemas que se avecina en el mediano plazo es el de las invasiones de terrenos en la periferia de la ciudad, adonde estas personas llegarán en busca de un lugar donde establecer eso que perdieron: su hogar.
“El gran desafío para las autoridades es qué hacer con toda esa gente una vez la emergencia inmediata se supere, pues sabemos que mucha gente de Ureña, Palotal, Tienditas, en el estado Táchira, adonde aún no han llegado las requisas casa a casa que están haciendo las autoridades venezolanas, están diciendo que una vez se abra la frontera ellos se van a venir para Colombia porque no quieren ser maltratados ni encarcelados. Este es un grupo muy grande de potenciales colombianos retornando en condiciones muy difíciles a la región y pensando en establecerse en Cúcuta”, enfatizó.
Henry Cancelado, internacionalista y docente de la Universidad Javeriana de Bogotá, sostuvo que el gobierno de Venezuela ha empezado una cacería de brujas de colombianos, a los que reiteradamente ha culpado de los problemas que aquejan a ese país.
“Nicolás Maduro, valiéndose del tema del contrabando, que sí existe y es un problema muy serio en materia de seguridad binacional, va a aprovechar para expulsar a la mayor cantidad de colombianos posible, sin distinguir entre sus estatus migratorios en el vecino país”, indicó.
Cancelado agregó que hay un mensaje contradictorio por parte del Gobierno venezolano, que por un lado dice perseguir a los paramilitares que azotan su territorio en la frontera, pero por otro poco o nada hace para perseguir a los guerrilleros que desde hace años usan el territorio de este país para esconderse y huir de las autoridades colombianas.
“Para Maduro, Colombia siempre será la cortina de humo de la política interna de su país, por eso es que él todo el tiempo dice que la grave situación que viven es por el paramilitarismo colombiano, los contrabandistas colombianos, los políticos colombianos (Álvaro Uribe). Es un discurso que le ha funcionado y que, en épocas preelectorales, parece que le funciona aún más”, finalizó.
