Las aulas del colegio La Frontera, en La Parada, están casi vacías. De los 38 estudiantes que tiene cada grado menos de la mitad acudió a clase. Los dos salones de quinto grado, deberían sumar 70 estudiantes, pero solo 13 ocuparon los pupitres en el inicio de la semana escolar.
El cierre de la frontera y la deportación de las familias de los estudiantes hizo que estos dejaran temporalmente las aulas de clase.
Gladys Carvajal, coordinadora del colegio, dijo que de los 1.100 estudiantes de La Frontera, un poco más del 50% residían en Venezuela.
“Muchos de nuestros estudiantes fueron deportados y no pudieron sacar uniformes, ni cuadernos. Aunque algunos están en el albergue de enseguida, no han vuelto a clase por esta situación”, explicó la coordinadora.
Carvajal dijo que previa visita de la Secretaría de Educación se estaba buscando la forma de habilitarles nuevos cupos a los colombianos que estudiaban en Venezuela y fueron deportados, con el ánimo de garantizarles su continuidad escolar.
Respecto a los niños que vivían en Venezuela y estudiaban en La Parada los directivos trabajan en estrategias de ayuda que les permita a estos menores volver a las aulas.
“Por ahora no estamos exigiendo ni uniformes ni libros. Los niños pueden venir a clase como puedan. Lo importante es que no deserten”, aseguró Carvajal.
Mientras en el Colegio La Frontera profesores y directivos se las ingenian para que sus alumnos vuelvan a las aulas, en el puente internacional Simón Bolívar decenas de padres de familia llegaron con sus hijos con uniforme y maleta en mano.
“Mis dos hijos se quedarán acá donde la abuela mientras la situación mejora”, dijo Álex Cáceres, venezolano. “No quiero que pierdan clase”.
Por su parte, Yeimi Ortiz llegó ayer en la mañana a Villa del Rosario con sus dos hijas de 14 y 11 años.
Las niñas estudian en el Colegio María Inmaculada de Villa del Rosario y pese a que venían con el uniforme listo no pudieron ir a clase, porque pasaron tres horas esperando que las dejaran pasar al lado colombiano.
“Acá no tenemos familia. La Defensoría del Pueblo nos dijo que nos iba a ayudar a conseguir hospedaje. Tengo muy claro que donde estemos mis hijas deben seguir estudiando”, comentó la madre.
