Con profunda preocupación, líderes y representantes de las asociaciones de pequeños mineros de Norte de Santander, y diez departamentos más, expresaron su rechazo al proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente , que pretende “declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal”, y que, según los pequeños mineros, amenaza su labor y los condenaría a la ilegalidad.

 En la carta, radicada masivamente por pequeños mineros de Boyacá, Santander, Putumayo, Caldas, Antioquia, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Huila y Bolívar, se asegura que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, está poniendo en riesgo los procesos de formalización o legalización de la pequeña minería.

“A todas luces, este proyecto de decreto nos condena a los pequeños mineros a la ilegalidad pues, sin mayores criterios técnicos, se impedirá que en muchas zonas donde ancestralmente hemos desarrollado nuestra minería, se otorguen o prorroguen títulos mineros, concesiones, contratos de exploración o explotación, permisos y licencias ambientales. ¿Cómo vamos a lograr formalizarnos si este decreto, de un plumazo, acaba con la minería allí donde siempre ha existido?”, indica la carta.

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Según afirmó Ivonne González, directora de la Federación Colombiana de Pequeños Mineros Ancestrales en Proceso de Formalización (Fedemapec), es evidente que “con este decreto el Gobierno nacional estaría acabando con la pequeña minería, y con la minería de cualquier escala. Nos unimos al llamado de la Procuraduría, organismo que ha pedido a la ministra de Ambiente Susana Muhamad que no expida un decreto de espaldas a las comunidades mineras, sin una amplia deliberación y participación como lo exige el Acuerdo de Escazú, y que genera un veto respecto a la explotación de minerales o una parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación minera en el país”.

Los pequeños mineros rechazaron lo que ellos consideran mensajes ambiguos del Gobierno que, por un lado, invita a una reforma colectiva del Código Minero, pero, por otro lado, tramitaría decretos que bloquean la expedición de licencias ambientales para proteger el medio ambiente, y convierten en regla general el principio de precaución que es un mecanismo excepcional según el ordenamiento jurídico.

“Resulta inaudito que con este decreto se pretendan extender a todo el país unos criterios puramente discrecionales de ordenamiento, como los de la fallida resolución expedida en febrero y que pretendía crear “temporalmente una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente” en un área de 92.701 hectáreas en el suroeste de Antioquia, y en municipios de Caldas y Risaralda. Estas propuestas no solo violan la autonomía de las autoridades territoriales, sino la vocación productiva de los territorios y la identidad de las comunidades en más de 1.000 municipios del país”, sostuvo González.

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A través de una misiva, la Procuraduría advirtió que "la aplicación del proyecto de decreto podría generar en la práctica una situación de veto respecto a la explotación de minerales y/o una parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación minera".

Los mineros solicitaron una consulta amplia y abierta con la comunidad antes de la expedición del decreto. Asimismo, anunciaron la organización de una Convención Nacional de Pequeños Mineros, donde se busquen soluciones para una minería responsable y formalizada que respete el medio ambiente y la tradición minera.

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