La Casa de Nariño recibió con bombos y platillos a los observadores internacionales para las elecciones presidenciales. Sin embargo, no invitaron a la reunión al registrador Hernán Penagos, quien se pensaría que es un actor clave en un encuentro de este nivel.
La relación entre Penagos y el Gobierno se ha puesto cada vez más tensa, ante los señalamientos —sin pruebas— por parte de Petro de que el software electoral y el código fuente no son lo suficientemente transparentes.
Ante esto, el registrador dijo que entregarle a alguien ese código fuente, como pide el Gobierno, es como “entregar la clave de la bóveda del Banco de la República” o las llaves de la propia casa.
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En el encuentro participaron el presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cristian Quiroz, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
De esta última habrá más de 100 observadores, mientras que Estados Unidos traería una misión no formal, compuesta por funcionarios del Gobierno. Para la primera vuelta vendrá el senador republicano nacido en Bogotá, Bernardo “Bernie” Moreno.
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Según el Gobierno, la delegación de observadores está conformada por siete organizaciones nacionales y una internacional, con un total de 309 observadores acreditados.
Choque entre el Gobierno y el CNE
De puertas para afuera, el Gobierno ha buscado mostrar que existen todas las garantías para un proceso electoral sin contratiempos, pero hacia adentro ataca de frente a la Registraduría y niega las presiones armadas que se estarían presentando en algunos territorios para apoyar la candidatura, supuestamente, de Iván Cepeda.
Esa situación de orden público fue motivo de choque entre Benedetti y el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada, quien le envió una carta pidiendo garantías por “las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales (que) configuran escenarios de coacción y amenaza sobre la voluntad popular”.
Con información de El Colombiano
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