Varios candidatos presidenciales solicitaron a organismos internacionales el acompañamiento ante posibles riesgos a la transparencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
La candidata Paloma Valencia envió un documento dirigido a la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de Estado para que “realicen un acompañamiento especial para garantizar unas elecciones libres”.
Advierte la candidata cómo la fallida política de paz total y las decisiones ordenadas por el presidente Gustavo Petro como la suspensión de órdenes de captura, pueden provocar una injerencia en las elecciones.
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“La suspensión de las órdenes de captura contra 23 bandidos, ordenada por la Fiscalía tras solicitud del Gobierno, a 2 meses de elecciones podría terminar siendo un mecanismo de presión para obligar a las personas a votar por su candidato”, señala.
En el documento se advierte como esta política de seguridad que buscaba establecer negociaciones con grupos ilegales, “en la práctica, ha permitido que organizaciones criminales y terroristas extiendan su influencia en todo el país”.
En cifras citadas por la candidata con base a informes del Ministerio de Defensa señala que el secuestro creció 336% durante el actual Gobierno. “En 2025, 698 personas fueron secuestradas, la cifra más alta desde 2006”.
Sobre el terrorismo señala que "también se disparó un 119% frente a 2021. Hoy tenemos los registros más altos desde 2003. Este Gobierno le entregó el País a la criminalidad. No los combatió y la Paz Total los fortaleció”.
Igualmente, cuestiona la política de la producción de cocaína al advertir que “la relación entre producción e incautación es la más baja de la historia. No sirve de nada que aumenten las incautaciones, cuando la producción está por las nubes”.
Y agrega en el documento que “en estos momentos Colombia tiene 27.000 hombres en armas. Tan solo en 2025 los grupos armados adicionaron 5.000 hombres. Esta es la peor cifra de las últimas dos décadas. Retrocedimos en el tiempo y perdimos todo lo ganado”.
Ante este panorama, la candidata Paloma Valencia hace un llamado a la comunidad internacional para que supervise de cerca las próximas elecciones presidenciales y “brinde toda la asistencia necesaria para garantizar un proceso libre justo y pacífico” por las consecuencias políticas que originaría este fortalecimiento de grupos armados.
Advierte cómo las poblaciones de los territorios controlados por estas organizaciones “no gozan de verdadera libertad de voto y podrían ser coaccionadas para apoyar al candidato del gobierno, Iván Cepeda".
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Además de Paloma Valencia, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella también anunció que acudirá a las autoridades internacionales al denunciar presunta persecución política por parte del presidente Gustavo Petro.
Según el aspirante, existirían interceptaciones ilegales, campañas de desprestigio y montajes judiciales dirigidos a afectar su crecimiento electoral.
“Voy a denunciar tu persecución ante organismos internacionales, ante el gobierno americano, la Unión Europea y aquí en Colombia también lo voy a hacer. No te equivoques Petro”, señaló.
De la Espriella señaló que desde el gobierno han lanzado interceptaciones ilegales, montajes judiciales, difamación y sicariato digital, ante lo que califica como una respuesta al miedo de su crecimiento electoral y de paso perder las elecciones presidenciales de mayo.
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