La candidata a la Curul Internacional de la Cámara de Representantes por la coalición MIRA – Dignidad y Compromiso, Litza Mayorga, cuestionó el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a la situación de los colombianos en Venezuela, tanto frente a las garantías para votar este 8 de marzo como en relación con los connacionales detenidos en cárceles de ese país.
Mayorga afirmó que existe un “silencio prolongado” del Ejecutivo frente a los colombianos privados de la libertad en territorio venezolano. Señaló que, según denuncias conocidas por su campaña, hay casos de connacionales sin acceso claro a defensa, procesos judiciales definidos o comunicación permanente con sus familias.
“Se les han restringido derechos civiles básicos y no ha habido un pronunciamiento firme del Gobierno ni de la Cancillería”, sostuvo la aspirante, quien también aseguró que candidatos al Congreso han tenido limitaciones para ingresar a Venezuela y hacer campaña.
En materia electoral, la candidata denunció falta de coordinación entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar el derecho al voto de los colombianos residentes en Venezuela.
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Explicó que, aunque el proceso en el exterior se habilitó entre el 2 y el 8 de marzo en consulados, varios puestos fuera de estas sedes solo operarían el domingo 8, lo que —según dijo— podría dejar por fuera a miles de votantes que deben desplazarse largas distancias. “Hay mesas con potencial de 19.000 o 20.000 electores y personas que tardan hasta cuatro horas en llegar. Sin suficiente observación electoral y sin información clara, las garantías no son plenas”, afirmó.
Mayorga agregó que su campaña presentó denuncias meses atrás por la apertura de nuevos consulados sin que, en paralelo, se fortaleciera la protección a los colombianos ni la pedagogía electoral. A su juicio, la falta de articulación institucional termina afectando directamente a los ciudadanos en el exterior, especialmente a quienes tienen doble nacionalidad y enfrentan restricciones para ejercer derechos políticos tanto en Venezuela como en Colombia.
La candidata también se refirió a la situación migratoria de los colombianos en Estados Unidos. Indicó que la principal preocupación es la desinformación y la falta de asistencia jurídica oportuna para familias con parientes detenidos en procesos migratorios. Cuestionó la ausencia de canales permanentes de orientación consular y pidió fortalecer la atención diplomática. Frente a versiones sobre supuestas restricciones para residentes con “Green Card”, señaló que quienes obtuvieron ese estatus de manera legal pueden salir y reingresar, y advirtió que las investigaciones se concentran en casos donde se detecten fraudes.
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