Los peajes en las vías del país, pocas veces resultan ajenos a las campañas electorales, sobre todo en casos controversiales como el de la Autopista Internacional a San Antonio del Táchira, en Villa del Rosario, sobre el cual han llovido críticas por el malestar generado en la comunidad rosariense.

Aprovechando esta coyuntura, el candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Diego González, ha prometido quitarlo de allí, si consigue el 29 de octubre los votos suficientes para ser elegido. 

Y no es poca cosa, pues el mismo alcalde de Villa del Rosario, Carlos Socha, ha emprendido una férrea lucha por lograr que el peaje fuera liquidado y la respuesta de tajo que obtuvo del Ministerio de Transporte es que era “jurídicamente imposible” debido a que Invías firmó el año pasado un nuevo contrato para su manejo, por 10 años.

El precedente no frenó las pretensiones del candidato por el Movimiento “Los Buenos Somos Más”, quien sigue firme en su idea de gestionar ante el Gobierno Nacional la eliminación del sistema de retribución por el uso de las vías que recauda alrededor de $6.600 millones al año.

Su explicación es que ese peaje que nació frente a la necesidad de unas obras en el Área Metropolitana de Cúcuta, como fue la ampliación de la Autopista Internacional y el mantenimiento de vías en Los Patios, Villa del Rosario, la doble calzada de El Escobal, no tendría por qué seguir allí, si los trabajos se terminaron.

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“La concesión con San Simón finalizó en 2022 y el peaje de El Escobal, que fue creado por la misma razón, lo quitaron, pero el de Villa del Rosario no y, sin explicación alguna, por lo tanto ese peaje tiene que acabarse y cuando  lleguemos a la Gobernación nos dedicaremos a decirle al Gobierno Nacional que lo quite de ahí”, sostiene.

González argumenta, entre otras razones, que un peaje urbano que se está cobrando sin ninguna obligación contractual para hacer obras de infraestructura y que cuyo recaudo está yendo a una “bolsa común para todo el país”, solo genera perjuicios a los rosarienses. 

“Si el alcalde no ha logrado que se elimine será por falta de gestión, pero o lo quitan o lo quitan. Si no quitan ese peaje, les construyo una vía alterna para que la gente no pague peaje”, sentenció. 

No tiene injerencia 

Para Carlos Socha, alcalde de Villa del Rosario, la propuesta del candidato Diego González es parte de un discurso de “politiquería” que busca ganar votos con un tema que -sostiene- está fuera de sus competencias porque a su juicio el peaje de La Parada es potestad del alcalde. 

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Recuerda que el mandato de Eugenio Rangel, su antecesor, se permitió que Invías hiciera otro contrato a 10 años con una empresa privada, acuerdo que no incluyó el mantenimiento de la malla vial municipal. “Eso está tan blindado que no se puede modificar, pero lo que sí se puede es agregar un otrosí para incluir que parte del recaudo le quede al municipio”, dice.

Se refiere a un último recurso que puso en marcha consistente en solicitarle a Invías la asignación de $43.000 millones para rehabilitar las vías de Villa del Rosario, cuyos estudios y diseños están en Bogotá.

Según él, su solicitud marchaba ‘viento en popa’ hasta que se produjo un cambio en la directiva del Invías, con la designación  Mercedes Elena Gómez Villamarín como nueva directora y todo quedó parado, pero una vez finalice la Ley de Garantías, viajará a retomar el trámite. 

Modificar una ley 

Leonel Valero, director de Invías en Norte de Santander, explica que el peaje de La Parada forma parte del contrato de concesión N° 1702 de 2021 que incluye un total de 35 peajes ubicados en 14 departamentos y 13 estaciones de pesaje en 7 departamentos que son administrados por esa entidad.

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En ese sentido afirma que al no obedecer a una ordenanza departamental o un acto expedido por el concejo municipal, se rige por una normativa que emite el Ministerio de Transporte y su modificación tendría que partir de instancias en el orden nacional.

La razón por la cual no se eliminó cuando se liquidó la concesión, como ocurrió con los peajes de Los Acacios y de El Escobal, fue porque surgió la necesidad de que el Invías tuviera un fuente de ingreso de recursos propios para invertir en el desarrollo de las vías de la región. 

“El instituto ha invertido más de $6.000 millones en el Área Metropolitana y, el año pasado, se hizo una inversión de $30.000 millones en obras como la del puente Benito Hernández, la recuperación del asfalto de los dos anillos viales (Oriental y Occidental) y la demarcación del puente El Zulia porque hay que entender que el recaudo de un peaje es para invertirlo en vías nacionales que están en la región, no solo en el punto donde se ubica”, precisó. 

Este quiere decir que para su eliminación, el departamento tendría que presentar un modelo económico con una propuesta para garantizar el suministro de los recursos que recibe el Invías por este recaudo para financiar las obras en las vías nacionales, como ocurría en el pasado con el Fondo de Regalías.
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