Las primeras lecciones en las escuelas de derecho, y en las de criminalística, reafirman el criterio de que no hay crimen perfecto, que tarde o temprano se conoce hasta el más pequeño detalle de un delito. Es esa la gran contundencia de la teoría.

Pero, en la práctica, es todo lo contrario. Basta hacer referencia a la cantidad de crímenes contra la prensa y los periodistas colombianos –incluido el director y fundador de este diario– para concluir en que la impunidad es absoluta. De 158 asesinatos de periodistas en los últimos años en Colombia, 126 están en la impunidad, no solo absoluta sino terriblemente ofensiva.

Ayer, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, dolió mucho recordarlos, comprender que los colegas cayeron porque estaban convencidos de que su obligación profesional era la decir la verdad, y saber que la razón de la prensa es la de ser contrapoder y fiscal y vocero de la comunidad.

Pero dolió mucho más confirmar la convicción de que a nadie en el Gobierno le importa que amenacen y maten periodistas, no solo porque son seres humanos, sino porque son la primera línea de defensa en la batalla por la democracia.

La inmovilidad total y generalizada de policías, fiscales y jueces es la causa de la impunidad, y en el caso de los atentados contra la prensa y los periodistas, esa impunidad es norma: de los 158 asesinatos, solo uno, el de Orlando Sierra, el subdirector de La Patria, de Manizales, terminó en la condena de todo el grupo de criminales.

En otros 28 casos, los autores materiales han sido condenados, pero nunca ha ocurrido nada con los ideadores o autores intelectuales de esos asesinatos. 

Tal vez sea porque pueden ser personas influyentes y poderosas, pero también, porque a los investigadores, por alguna razón no les interesa esclarecer las cosas.

Hace cuatro días, un reportero de La Opinión fue amenazado por un hombre que organizó una fiesta ilegal con menores de edad; hasta ayer, ninguna autoridad local se había interesado en el asunto. 

Este desinterés es la razón fundamental para que cuatro de esos crímenes hayan prescrito, lo que significa que ya nada se podrá hacer para que esas muertes no queden como si nada hubiera ocurrido.

La situación se agrava por causa de la tendencia creciente de servidores del Estado a atacar a la prensa con discursos estigmatizantes, lo cual, no hay duda, es un estimulante para que los criminales se sientan autorizados a actuar matando periodistas, atacando medios, amenazando a la propia sociedad.

Solo entre 2015 y 2018, la Flip ha registrado 1052 ataques, 458 amenazas y 570 víctimas, entre medios y periodistas, en una tendencia creciente que debería preocupar a toda la sociedad, comenzando por el Gobierno.

La Asociación Colombiana de Medios de Comunicación (Ami) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), buscan que organismos como Fiscalía, Defensoría y Procuraduría vayan más allá de las declaraciones de repudio y dediquen recursos suficientes para investigar no solo los asesinatos y las amenazas, sino la tendencia que se percibe de querer atacar, desde diversos frentes, los derechos y las garantías fundamentales que permiten a la prensa cumplir con su misión.