En el sector de la salud, donde la tutela es uno de los antídotos de los pacientes usuarios contra el mal servicio, el coronavirus entró a hacer parte de las enfermedades por las cuales se queja la gente y, hasta es motivo de situaciones que parecieran sacadas de una novela.

En una nota publicada en La Opinión y despachada desde Pamplona, en Cácota un campesino de 84 años, que no conoce el mar sino por televisión o en fotos, figura como vacunado contra la COVID-19, en Cartagena. ¡Hágame el favor!

Pero si lo anterior no resultara realmente un despropósito y un verdadero cuadro extraído de la picaresca, debemos recordar que en Norte de Santander se presentaron entre enero y mayo 270 quejas por asuntos relacionados con la COVID-19, que van desde asignación de citas, consultas, toma de exámenes, demora en la autorización de consulta médica, suministro de medicamentos, entre otras.

En medio de la grave crisis sanitaria desatada por la pandemia, cualquier observador creería  que al menos las empresas prestadoras de servicios de salud estarían atentadas a brindarles todos los cuidados a quienes lleguen a buscar atención en lo relacionado con el virus que nos ataca desde marzo del año pasado. Pero lamentablemente eso no es así.

Al tomar los datos consignados en el informe de la Superintendencia Nacional de Salud, la conclusión contundente es que no hay nada que hacer con este sistema y que es de la mayor urgencia proceder a construirlo desde las bases, puesto que deben extirpársele muchos tumores que lo han llevado al estado de postración actual.

Si el sistema empezó prácticamente que a ‘maltratar’ a quienes fueron a buscar un alivio a la situación generada por el contagio, esto significa a las claras que ya no hay reforma coyuntural que valga y que debe de someterse es a una reestructuración al sector de la salud en Colombia, en todos sus componentes.

Por ejemplo, tiene que eliminarse la intermediación en el manejo de los recursos que se giran por concepto de los pagos que hacen los usuarios que hacen sus aportes, sumados a los de las empresas  y  al igual que a los dineros que aporta el Estado, puesto que las ganancias no deben de ser para quien hace las veces de un puente, sino que estas deben reflejarse en el servicio a los pacientes.

Sumado a lo anterior hay que buscarle una cura urgente a la corrupción con el manejo de los dineros que van para ese servicio, porque indudablemente a los políticos hay que arrebatarles el millonario trofeo de los hospitales y entidades públicas de salud. En eso debe llegarse a un acuerdo nacional, con una reglas de juego absolutamente claras y en donde incluso se determine una modificación en el Código Penal para hacer más severas las condenas y consecuencias para quienes continúen haciendo de la salud un botín para enriquecerse y mantener sus emporios electoreros.

Además, resultaría fundamental darle prelación a la promoción y prevención en la salud  que pueden ayudar a impulsar los cambios de hábito alimenticio y de vida diaria  entre los colombianos que a la postre evitarán graves enfermedades incapacitantes y de alto riesgo para la población, al igual que el control de enfermedades mentales.

Hace poco naufragó sin llegar a dársele trámite una reforma, que a la postre contenía elementos, que según algunos expertos iban a empeorar la ya crítica situación que enmarca al sistema de la salud que este año tiene aproximadamente un presupuesto de $36 billones.