Ha terminado la temporada decembrina y llegó enero con su carga de gastos educativos que tiene un peso importante sobre el presupuesto familiar.
Y aunque pareciera llover sobre lo mojado resurge la inquietud sobre los llamados útiles inútiles que nada aportan al aprendizaje de los alumnos pero sí generan sobrecostos innecesarios en los hogares nortesantandereanos.
De acuerdo con la directriz del Ministerio de Educación las listas para que los estudiantes regresen a clases deberán estar directamente orientadas a apoyar el proceso educativo y no podrán significar una carga desproporcionada para las familias.
Luego a los padres no les pueden exigir papel higiénico, toallas, dotación para el botiquín, marcadores de tablero, elementos en cantidades como varias cajas de colores, al igual que aquellos que nada tienen que ver con la edad o el curso en que se encuentren los respectivos alumnos.
Enero, entonces, tiene que dejar de ser un mes que esté ligado y representado con la inflación en la canasta escolar que al generar movimientos bruscos impacte negativamente sobre los demás rubros de los gastos hogareños como alimentación, salud o recreación, entre otros.
Por tal razón hay que acudir a la denuncia ciudadana para exponer los abusos que se puedan presentar en dicho aspecto como en cuanto a los uniformes escolares por parte de las instituciones educativas.
Es indispensable también que las autoridades educativas locales y regionales al igual que instituciones como la Personería y la Defensoría del Pueblo con el propósito de que este tipo de hechos sean contenidos y enfrentados y proceder a aplicar los castigos respectivos y las multas correspondientes.
Hay suficiente claridad conceptual como para que esto siga sucediendo. Sin embargo, como ocurre con la prohibición del uso de la pólvora o de conducir embriagados, pese a las advertencias y las regulaciones vigentes, esta clase de hechos tiende a repetirse al seguir pidiendo muchos colegios esta clase de productos innecesarios y que en nada favorece las actividades en las aulas escolares.
Tampoco se pueden exigir proveedores, marcas específicas ni establecer mecanismos que limiten la libre oferta de los artículos educativos a los padres de familia.
Asimismo, no está permitido imponerles a las familias la obligación de adquirir materiales dentro del plantel educativo, en negocios de asociaciones de padres de familia o mediante convenios similares.
En este aspecto de la vida cotidiana relacionado con la educación no debería estar presentándose situaciones irregulares como esas ni mucho menos tener que estarse expidiendo advertencias de sanciones por violar las normas vigentes.
Se supone que la educación es para la formación de mujeres y hombres del mañana dentro de cánones de la ética y la moral. Luego para que esas bases se mantengan incólumes dentro de la educación, lo correcto y lo lógico es que no deberíamos de estar hablando de útiles inútiles ni de exigencias no permitidas, porque esa clase de hechos son la antinatura del sistema educativo.
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