Lástima. Colombia que ha estado inmersa en un conflicto de más medio siglo, ni siquiera en esta era del coronavirus ha tenido la tranquilidad en cuanto a la ocurrencia de hechos violentos relacionados con ese factor.

El contador de los asesinatos de líderes sociales no ha parado. Lo expuesto por la Organización de Naciones Unidas  es la perfecta descripción de lo que viene ocurriendo en varias regiones del territorio nacional, al advertir que las medidas de confinamiento adoptadas para contener la propagación de la COVID-19 parecen haber agravado una situación de por sí violenta y volátil, porque los grupos ilegales “parecen estar aprovechando el encierro de la mayoría de la población para expandir su presencia y control sobre el territorio”. 

El último hecho de gravedad ocurrió en Cauca con el asesinato de un líder comunal y tres miembros de su familia, entre ellos una nieta, dentro de una espiral de violencia contra activistas y defensores de derechos humanos, condenada por organismos internacionales y oenegés. En ese solo departamento los líderes asesinados durante la cuarentena llegan a 14.

En medio de todo esto, lo más delicado es que hasta ayer rigió el cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla del Eln que durante un mes decidió cesar hostilidades en Colombia.

Ojalá sea cierto y no un simple anuncio para ‘lavarse las cara’ lo expuesto desde La Habana (Cuba) por parte del jefe de la delegación de esa organización subversiva, Pablo Beltrán: “Así no haya reciprocidad, vamos a seguir en una política de hacer gestos humanitarios que rebajen la intensidad del conflicto”.

Eso lo esperan habitantes de departamentos como Norte de Santander que por mucho tiempo han padecido los horrores de las hostilidades internas, asunto que concuerda con lo expuesto por los obispos colombianos, en torno a la espiral de violencia.

“¡Detengan la dinámica de la violencia con la que sólo se consigue sufrimiento, pobreza y muerte! Urgimos el alto al fuego y el cese de todos los enfrentamientos, que hagan prevalecer las razones humanitarias y favorezcan la atención de las necesidades básicas de todos”, es la afirmación de los prelados que concuerda con lo que esperan las comunidades.

Y, como si fuera poco, al darle un vistazo a lo que ocurre en nuestra región, vemos como tampoco cesan los asesinatos de personas en esta parte de la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira.

Un conteo de las frías estadísticas indica que en un lapso de quince días han muerto a bala cinco personas en las trochas que conectan a Cúcuta con localidades fronterizas venezolanas. Aunque los datos  muestran que los homicidios se han reducido en un 23%.

Todo esto indica que los criminales no le temen ni a la misma muerte que deambula hoy por las calles con rostro de coronavirus y ellos van por ahí cumpliendo la temible misión de segar vidas.

Mientras tanto, la ocurrencia de otros delitos en esta parte del país han mostrado una importante reducción. Según las cifras que maneja la Policía, se ha registrado una reducción del 84% en los casos de hurto a personas, una baja del 79% del robo de  celulares, mientras que en el  75% cayeron los robos de motocicletas, mientras que en el 80% disminuyeron las acciones delincuenciales contra el comercio, y en 90% cayó el hurto a residencias.