Estar considerado como un delito de lesa humanidad lo ocurrido el 12 de marzo de 1993 cuando fue asesinado el director de La Opinión, Eustorgio Colmenares Baptista, salvó que la impunidad sepultara bajo su pesada carga este caso que hoy sigue sin resolverse.

Pero imagínense, han pasado 28 años desde que los pistoleros perpetraron el mortal atentado en el barrio Caobos y hasta hoy nadie ha pagado un minuto de cárcel y prácticamente todo empieza de nuevo ante la justicia.

Ojalá no tengamos que esperar otros 28 años para saber la verdad en torno al homicidio de Colmenares Baptista, cuando ya nadie de carne y hueso pueda contarla o cumplir la condena que se esperaría, porque ya no harían parte del mundo de los vivos, razón por la cual se esperaría celeridad y un proceso bien llevado que conduzca a alguna parte distinta a la de un callejón sin salida.

Lo único que da un alivio al gremio periodístico y a la familia y allegados de Colmenares Baptista es que no hay la posibilidad de prescripción del caso, lo cual ayudará a que así se dilaten las actuaciones, se enreden las posibilidades o haya complicaciones, tarde o temprano tendrá que surgir una luz.

Sin embargo, el pasado no perdona. Lo ocurrido con quienes en su momento fueron considerados los presuntos autores materiales del asesinato produce una sensación de desconcierto con alto grado de incredulidad sobre lo que pudiera ocurrir en esta nueva etapa que se empieza a recorrer, en la que deberá removerse, analizarse y volver a contrastar buena parte de lo actuado por la administración de justicia en este doloroso acontecimiento.

De una parte, suena bien lo decidido por la Fiscalía Primera Especializada de Cúcuta sobre la apertura de instrucción a la que se vincula al actual jefe máximo de la guerrilla del Eln, Antonio García, a Gabino que renunció a la dirección del grupo subversivo, Pablo Beltrán que es ahora segundo comandante, y Rafael Sierra.

Sin embargo, surge la inquietud que por sí sola tiende un manto sobre la posibilidad real de contar con el relato de esta organización que se atribuyó el asesinato: ¿cómo se hará efectiva la orden de captura con fines de indagatoria para ellos como autores intelectuales, por el delito de homicidio agravado en su condición de periodista?

Ese paso operacional de por sí parece por el momento muy lejano  -más no imposible lógicamente- porque la fuerza pública mantiene  sus acciones contra estas organizaciones ilegales que generan violencia en los territorios donde disputan el manejo de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico.

Las heridas abiertas en la sociedad por este tipo de crímenes no se cierran sino hasta que por fin se logre tener el conocimiento certero de qué fue lo que ocurrió para que una organización como el Eln cometiera este asesinato y la razón para hacerlo.

En medio de la razonable desazón y hasta de la válida incredulidad, habrá que esperar que la Fiscalía General de la Nación, los jueces de la república y los tribunales en esta ocasión puedan llegar al fondo del asunto y hacer justicia que es lo que se reclama.

En marzo de 2023 se conmemorarán los 30 años del luctuoso hecho en que fue asesinado de nueve balazos el exalcalde de Cúcuta y excongresista, fecha para la cual ojalá se tenga alguna actuación procesal adicional dentro de la diligencia que activó la Fiscalía Primera Especializada, teniendo en cuenta que en 2001 todo se fue por la borda ante la precariedad del acopio probatorio y la duda razonable.