Cuando se cumplieron siete meses desde que estalló la guerra en el Catatumbo hay motivos de preocupación sobre el recrudecimiento del conflicto armado en esta subregión de Norte de Santander que, aparte de parecer condenada a vivir en una violencia cíclica, se está convirtiendo en zona de empantanamiento de la ‘Paz Total’.

Hay mucho ruido en torno a un hecho que viene a impactar esa política, relacionado con la disidencia de las Farc y la estructura del frente 33, que ahora estaría bajo el mando de Andrey Avendaño, en una contraofensiva en la lucha que libra con el Eln.

Varias lecturas surgen de que el antiguo vocero en la mesa de diálogo esté en el campo militar, una de ellas es que podría interpretarse como una inevitable ruptura o suspensión de las negociaciones en las que se tenía previsto el traslado de los combatientes del frente 33 a la cuestionada Zona de Ubicación Temporal (ZUT).

Sin embargo, esa localización que muchos consideraron semejante a la zona de distensión que operó en el Caguán (Caquetá) nunca se llegó a concretar por diversas cuestiones que van desde lo jurídico hasta razones de inseguridad y de puntos grises que todavía siguen gravitando, como es el hecho de que los miembros de esa disidencia pudieran estar allí con su armamento.

Y lo que es peor, como se reseña en un informe de la Agencia Colprensa, es que al departamento y en específico al Catatumbo arribaron refuerzos enviados por la disidencia de Calarcá desde  Caquetá, Cúcuta, Arauca y sur de Bolívar, en peligroso reforzamiento con claro fragor de alta  conflictividad.

Además, ese fortalecimiento del frente 33 ha modificado las proyecciones iniciales sobre dicho actor generador de violencia en la región, como lo advirtieran fuentes consultadas para ese reporte periodístico: “En enero creíamos que para marzo ya no existiría, y ahora no solo se fortaleció, sino que sostiene las confrontaciones”.

En medio de ese ambiente hostil se teme que podría desencadenar ahora una ‘cacería a la inversa’, es decir, de la disidencia para buscar tanto a miembros del Eln como a sus auxiliadores, que a la larga terminará por desatar otra crisis humanitaria y una multiplicación de los crímenes contra la población civil.

Lo que está pasando en el Catatumbo no lo merecen ni los catatumberos ni los nortesantandereanos ni los colombianos. Pero lastimosamente lo que ocurre allí es el microcosmos de la crisis de inseguridad en el país y de los graves tropiezos que la estrategia de paz del presidente Gustavo Petro ha venido sufriendo.

Ese reciclaje de la guerra en un territorio como este no puede seguir. Es urgente que el Estado salga al rescate de la población con operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, en el entendido de que dichas organizaciones armadas ilegales parecen haberle cerrado la puerta a la paz y porque existen amenazas evidentes de que otros grupos como las Autodefensas de la Sierra Nevada pretenden también incursionar.

Lastimosamente, 2025 quedará para la historia como uno de los años más violentos en el Catatumbo y con el registro nunca antes visto de desplazamiento como consecuencia del guerrerismo y el empeño en proteger su poderosa economía ilegal del narcotráfico por parte de quienes persisten en el conflicto armado.

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