La pandemia trajo consigo dificultades, pero también oportunidades y ciertos aprendizajes. Y, en ese sentido, el sector de la construcción sorprende por la velocidad de su crecimiento y el alto volumen de ventas en el momento más complejo de la historia económica de Colombia.

Este año, la meta era vender 200.000 viviendas –una cifra que se ajustó por el actual contexto–, pero todo parece indicar que se van a superar las 230.000 y Cúcuta y Norte de Santander no son ajenos a este buen desempeño, y aportando 4.850 hogares a octubre, con un 35 por ciento más que en 2020.

A esto se suma el buen comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector que tuvo un crecimiento de 8,9 por ciento en el último trimestre de 2021, como resultado de la capacidad de generar valor agregado, progreso y empleo a cuatro millones de colombianos, 22.000 de ellos en la región.

Si bien es cierto que todos estos resultados podrían ser atípicos por la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, la apuesta del Gobierno Nacional, de ofrecer 200.000 subsidios para la compra vivienda nueva, ha contribuido a reactivar el sector y la economía colombiana.

Política presidencial que, también, se ha visto beneficiada por un escenario de tasas bajas y una mayor tendencia a adquirir vivienda. Además, los constructores no cedieron a la oferta y retomaron los proyectos lo más pronto posible con todos los protocolos de bioseguridad exigidos.

Sin embargo, no todo es color de rosa y hay ciertos obstáculos por superar que le podrían quitar ritmo al desempeño que el sector ha tenido en el último año, relacionados con la habilitación de suelo, los trámites jurídicos, el costo de los insumos y el cambio de la política monetaria.

La habilitación de suelo es un factor determinante a la hora de ejecutar un proyecto inmobiliario; sin la tierra necesaria el déficit de vivienda aumenta y la brecha de esta creación y construcción de hogares se amplía. Hoy el déficit llega a 570.000 hogares y se construyen 200.000 al año.

En ese sentido, es importante que los planes de ordenamiento territorial (POT) no sean a cuatro años, lo que dura el mandato del gobernante de turno, sino que se amplíe a doce años para garantizar el suelo suficiente, la norma urbanística, los servicios públicos y los trámites ambientales.

La estabilidad jurídica es otro factor en el que deben trabajar los municipios con el objetivo de evitar conflictos que nacen por la precaria información que tienen los entes territoriales sobre determinado lote o predio no urbanizado, área de cesión o zonas de reserva.

Para que esto no suceda, los constructores necesitan que los territorios estén bien identificados y esta es una obligación del sector público, tanto de las oficinas de planeación como de las corporaciones autónomas regionales, para que los proyectos no se tumben por falta de información.

También hay que garantizar que las oficinas de registro de instrumentos públicos cumplan con su labor para que no frenen la inversión y no acaben con los sueños de los colombianos de tener casa propia. En la región, el paro actual mermó la inversión de $35.000 millones y afectó a 300 familias.

Ahora solo queda esperar que estas oficinas vuelvan a prestar su servicio mientras el sector soporta el alto costo del acero, reza para que el alza de la tasa de interés del banco central no se sienta tanto en los créditos hipotecario y mantiene la fe en la continuidad del programa de vivienda para que la construcción conserve su velocidad de crecimiento.