La confianza, como hipótesis que se elabora sobre la conducta de los demás, está en grave crisis en Colombia. En muchos aspectos no existe. Y, en otros, no está depositada donde se supone que debería estar puesta. Es una realidad producto de múltiples factores en los que lo primero que se ha destruido es la credibilidad.

Es tal el nivel de destrucción de la confianza, que 73 por ciento de los campesinos no confía en el vecino, en un segmento de la población que se caracterizaba, precisamente, por la costumbre de que la palabra dada era la señal de que existía confianza absoluta. Era inconcebible faltar a la palabra, era imposible que se dejara de confiar en alguien como uno. Ya no es así…

Lo dicen los resultados de un estudio del Programa de Alianzas para la Reconciliación (Par)—liderado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Acdi/Voca—, que consultó a casi 12.000 personas de 41 municipios de todas las categorías.

El problema de fondo, que queda expuesto, se plantea muy fácil: ‘hay evidencia de profundas rupturas que aún tenemos como país, por lo que es necesario transformar para capitalizar nuestro enorme potencial’, según el director del Par, Ricardo Amaya. ‘Colombia necesita volver a confiar’, dijo.

Aunque no se señalan las causas del deterioro de la confianza, no hay duda de que la impresionante corrupción que se traga a Colombia es, si no la principal, una de las dos o tres más importantes razones. La prueba está en que 83 por ciento de los colombianos no confía en el sector privado, del que millones derivan sus ingresos, y 86 por ciento no lo hace en el Estado. Que la Iglesia católica, el Ejército y la Policía gocen de un aceptable nivel de confianza no significa más que eso. El Gobierno en general tiene apenas 14 por ciento de aceptación.

¿Cómo pretender que los colombianos confíen en su Gobierno, si por los tiempos de la campaña un candidato prometió, por ejemplo, respetar los acuerdos de La Habana y el proceso de paz, no incrementar la carga fiscal, y combatir la corrupción con todos los mecanismos disponibles, y luego de ser elegido presidente, giró 180 grados, hizo lo contrario?

¿Cómo confiar en la Justicia que, desde hace buen tiempo, trata con guante de seda a los delincuentes de cuello blanco y les concede el hogar por cárcel o les impone penas que dan pena, o simplemente demora sus actos hasta que llega el clásico vencimiento de términos, y todo queda en ceros? ¿Y cómo creer en que los administradores de la cosa pública se desempeñarán con honradez, cuando todas las estadísticas señalan que cada año los burócratas corruptos se llevan entre 40 y 50 billones de pesos del presupuesto, y nadie los acusa ni los persigue ni los procesa, mucho menos los castiga?

Más preocupante que la pérdida de la confianza en el Estado parece, sin embargo, la tarea de recuperarla, pues para ello hay que entrar a cambiar la manera de pensar de un país de 40 millones de personas que, además, no confían entre ellas. La guerra, que algunos sectores políticos se niegan a dejar sepultar, es otra de las razones para que la confianza haya sido desterrada al sanalejo social, de donde no saldrá mientras exista la posibilidad, cada vez menos remota, de que sigamos matándonos todos contra todos.