La del médico Carlos Eduardo Valdés, de renunciar de manera perentoria a la dirección general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es una actitud que sorprende, por lo inusual en Colombia, pero correcta y ejemplar.
Él es un científico reconocido internacionalmente, pero cometió un serio error al dar por cierta una suposición suya en el momentos menos oportuno: entregaba a la opinión pública el primer informe oficial sobre la investigación forense en torno de la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo fundamental en el proceso Odebrecht.
Valdés dijo que los investigadores no habían encontrado rastros de cianuro en una muestra obtenida del cuerpo de Pizano, y que ese resultado se reforzaba por el análisis de un rastro de sangre que había en una toalla que estaba en la casa del fallecido.
Según dijo Valdés, ‘los resultados de la toalla indican que se trata de sangre humana (…) El ADN recuperado corresponde a Jorge Enrique Pizano y la mancha no contiene cianuro’, con lo cual descartó que el ejecutivo financiero hubiera sido asesinado con veneno hallado en la casa, y no de un infarto del miocardio.
Científicos subalternos de Valdés cuestionaron públicamente el informe: lo consideraron falto de rigor, y señalaron la ligereza de su jefe al entregarlo así a la opinión pública, y con mayor razón si él es la cabeza del único organismo oficial en capacidad de definir si una muerte es o no un homicidio.
Valdés esperó a conocer los resultados de un examen de saliva encontrado en la toalla, y renunció de inmediato. Sus argumentos: no puede poner en tela de juicio ni la seriedad y la credibilidad de Medicina Legal, ni su propia trayectoria al frente de instituto al que le dedicó los últimos ocho años de su vida.
‘Soy objetivamente el único responsable de informar a la opinión pública que la mancha de que trata el informe era de sangre humana’, dijo Valdés en una rueda de prensa, al anunciar su retiro. Y agregó: “Mi equivocación obedeció que por las características iniciales se trataba de una mancha de sangre (...) Cometí el error de nunca preguntar su origen y me concentré en los resultados forenses de si correspondía al señor Pizano y si había o no cianuro”.
Valdés no es, ni mucho menos, el único alto funcionario estatal que, por las razones que sea, ha cometido errores. El suyo, incluso, no es ni la mitad de grave de los que cometen otros funcionarios, que llegan a tocar el campo de la ley penal, pero su determinación sí es única.
Los demás no tienen ni la gallardía ni el coraje ni la ética de renunciar; por lo contrario, se apegan a su cargo y desde allí saltan a otro e incluso ascienden, se hacen intocables y vuelven a cometer errores y faltas.
‘El director fue el que cometió el error’, admitió con contundencia, al contrario de lo acostumbrado, que es echarles la culpa de los errores a los subalternos, y esto merece un reconocimiento especial.
No está en duda la honradez de Valdés en cuanto a un posible acuerdo suyo con la Fiscalía, como se ha especulado, sino su falta de rigor y su extrema confianza en su percepción, basada en su experiencia como uno de los investigadores forenses más importantes de América Latina.
