La política de vivienda del gobierno de Gustavo Petro ha terminado por derrumbar uno de los pilares del desarrollo económico y social del país: la construcción.

El anuncio de que no se asignarán subsidios en 2025 y 2026 es un golpe certero a una industria que ya venía resentida y que ahora pierde aún más oxígeno.

Mi Casa Ya fue una herramienta clave que impulsó el sector de la construcción, generó empleo y acercó a miles de familias al sueño de tener vivienda propia.

Desde su creación en 2015, más de 358.000 hogares fueron beneficiados.

El programa combinó subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés para facilitar el acceso a la vivienda. Pero el actual Gobierno, lejos de fortalecer este modelo, lo reformuló hasta debilitarlo.

Eliminó la cobertura a la tasa de interés y redujo los cupos de asignación de más de 70.000 subsidios anuales a solo 20.000.

La puntilla llegó con el Decreto 775 de 2025, que oficializó la suspensión del programa, dejando en el limbo a miles de familias y a todo un sector productivo.

Las consecuencias ya se sienten. La construcción, un sector que jalona el 55% de otras industrias y que emplea de forma intensiva a más de 1,6 millones de colombianos, perdió 42.000 empleos en el último año.

Y no se trata solo de cifras: son obreros, maestros de obra, técnicos y profesionales que ven evaporarse su sustento.

Las iniciaciones de obra están en su nivel más bajo desde 2012. En 2020 se iniciaban 194.000 viviendas al año y hoy apenas 108.000, según Camacol.

Las ventas cayeron un 40% desde 2022, y los hogares en arriendo superan el 40%, lo que convierte a Colombia en el país con mayor proporción en América Latina.

En Norte de Santander, el panorama es igual o peor. Entre julio de 2024 y junio de 2025, las ventas de vivienda cayeron 2,4%, pero en lo que va de este año el desplome ha sido del 34,6%.

En el primer semestre se vendieron apenas 776 viviendas. La No VIS se desplomó un 34,6% y la VIS, aunque mostró un leve repunte anual (7,6%), también va en picada en 2025, con una caída del 37,9%.

La ministra de Vivienda justificó la suspensión de los subsidios argumentando que se cumplió la meta del Plan Nacional de Desarrollo, pero el país necesita al menos 381.000 viviendas nuevas por año para atender la formación de hogares.

No se trata de cumplir metas en papel, sino de responder a una necesidad real de millones de ciudadanos.

El gobierno de Petro no solo ha dejado sin piso a las familias que soñaban con un hogar propio, sino también a una de las locomotoras de la economía nacional.

Sin subsidios y sin una política clara de reactivación, la vivienda en Colombia corre el riesgo de convertirse en un lujo inalcanzable.

Es hora de que se corrija el rumbo. No hacerlo significará prolongar la crisis y condenar al país a más déficit habitacional, más desempleo y menos oportunidades de progreso.

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