Están encendidas – otra vez – las alarmas por la salvaje agresión de abusos sexuales contra 14 niños en un jardín escolar de Medellín. Y es una cruel y dolorosa paradoja que – también otra vez – este vergonzoso episodio haya ocurrido en dependencias bajo el amparo y supervisión directa de la Alcaldía de esa ciudad y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
No estamos echándoles la culpa al ICBF ni a la Alcaldía de Medellín, pero es frecuente la ocurrencia de estos lamentables hechos en todas las regiones del país, lo que indica que algo muy grave está fallando y es necesario diseñar y aplicar los correctivos pertinentes para que ojalá no se vuelvan a repetir.
Según estadísticas oficiales, en Colombia hay 16 millones de niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos son vulnerados o desconocidos en forma permanente y humillante. Son sujetos de derecho con dos elementos adicionales: esos derechos prevalecen sobre los demás y la familia, y el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizarlos, protegerlos y hacerlos respetar.
Hace 30 años fueron consagrados en nuestra Constitución y desde entonces Colombia ha suscrito los tratados y convenios internacionales sobre la materia. Se han hecho esfuerzos y se ha venido trabajando en procura de una mejor situación para nuestros niños y adolescentes, pero no ha sido suficiente. En el balance de la Constitución de 1991, el país no ha cumplido cabalmente todas sus obligaciones y compromisos con nuestra niñez, y son muchos los retos pendientes que se tienen al respecto.
No solo se cometen abusos sexuales y violaciones contra nuestros niños, sino que también son objeto de atropellos y agresiones en el seno de su propio hogar, en el entorno familiar, en las escuelas y colegios, y en muchos otros sectores de la sociedad. Los juzgados y comisarías permanecen atiborrados de procesos por inasistencia familiar y abandono de padres irresponsables.
Cifras de instituciones como el DANE, ICBF y la Alianza NiñezYA, de la que hacen parte más de cien organizaciones y agencias de la sociedad civil, revelan la gravedad del asunto: con datos del 2019, 9,25 niños por cada 100.000 habitantes mueren por desnutrición, una cifra que viene en ascenso desde 2017. 4’715.109 niños entre los 0 y los 5 años viven en Colombia, de ellos solo 1’523.575 asisten a programas y centros de educación inicial; 9.011 niños y adolescentes sufrieron maltrato, un promedio de 24 casos al día; el año pasado esa cifra llegó a 13.266, lo que significó un aumento del 47 por ciento.
Los datos de Medicina Legal también son preocupantes: el 73,7 por ciento de las víctimas de abuso sexual reportadas en lo que va corrido del presente año son menores de edad. Seis mil 657 de los 9.037 casos de presunta violación sexual que llegaron a ese instituto entre enero y mayo de este año tenían como víctimas a menores de edad. Cuatro mil 882 de las víctimas fueron mujeres, según el informe de Medicina Legal.
Estamos, pues, ante una calamidad pública de proporciones que requiere de la máxima atención y cuidado no solo de las autoridades gubernamentales, sino de toda la sociedad colombiana.
Resulta vergonzoso que no seamos capaces de contener tantos y tan frecuentes atropellos contra nuestros niños y adolescentes. Como también que no logremos capturar y castigar a sus criminales abusadores. No bastan los anuncios de las investigaciones exhaustivas.
