Hablar de un mico en el Congreso de la República de Colombia es para hacer referencia a un artículo, parágrafo, frase o concepto que sorpresivamente y, casi siempre a última hora se le adiciona a un proyecto de ley, para finalmente afectar la filosofía de la propuesta, favorecer determinados intereses o buscar que todo quede igual, pese a estarse pregonando cambios a favor de las mayorías.

Una situación de este estilo acaba de ser puesta al descubierto en la Cámara de Representantes en el curso del debate para el proyecto de pliegos tipo, uno de los pocos sobrevivientes de la agenda anticorrupción, que comienza a tener problemas y que es considerado importante para tratar de blindar los procesos licitatorios, si es que eso es posible en medio de tantas acciones para torcer la ley.

Definitivamente se alcanza a entender por qué nuestros dirigentes políticos intentan seguir engañando a la población, por un lado rasgándose las vestiduras para ahora sí posar como adalides de la  ética, de la moral y de las buenas prácticas, mientras que por debajo de la mesa continúan actuando para beneficio propio, de sus aliados y de continuar en un ‘paraíso’ donde los avivados son los que ganan la parada.

En este caso, los mismos ponentes añadieron una medida que incluye en el proceso de elaboración de los pliegos a agentes políticos de distinto nivel, quitándole la facultad exclusiva a la entidad técnica Colombia Compra Eficiente, como se tenía previsto desde un principio.

Las alertas comenzaron a activarse porque el llamado mico busca que se incluyan a representantes de los alcaldes, de los gobernadores y del mismo Congreso de la República, razón por la cual el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Germán Pardo, “esperamos que los pliegos tipo se separen de la agenda política, porque ha sido una bandera anticorrupción para mejorar el desarrollo de los procesos licitatorios del país”.

La idea de este sistema es acabar con el famoso ‘pliego sastre’, o sea, aquél que es confeccionado con todas las medidas perfectas para que le quede bien elaborado al contratista de turno, a quien se le deben de pagar los favores por financiar la campaña, por ejemplo, o porque es el que más coimas ofrece o en razón a la afinidad política e ideológica con el gobernante local o regional de turno, debe ser premiado.

Nada más riesgoso para la democracia y para el erario, es que solo unos cuantos sean los llamados a ‘reinar’ en el mundo de la contratación pública en donde imperen los únicos oferentes y los concursos amañados, porque ahí siempre se correrá el riesgo, y el día a día lo comprueba, de que siempre aparezcan los sobrecostos, los retrasos, el robo de recursos y las obras mal hechas o elaboradas contrariando la normatividad.

Hay que apoyar todo lo que adelante, impulse y haga para poner a raya la corruptela y con vehemencia condenar que mientras se trata de librar esa cruzada, a veces quijotesca, aparezcan acciones como la expuesta, que pueden echar por la borda lo que se está tratando de enderezar, aunque lógicamente que también debe tenerse cuidado para que el remedio no vaya a resultar peor que la enfermedad. Ojalá enjaulen a ese mico y se estructure un buen proyecto para que la contratación pública deje de ser una de las cajas para enriquecer a los depredadores de los recursos del Estado.