El descontrol en el ámbito de la seguridad imperó en Cúcuta durante 2020, pese a ser un año atípico al quedar marcado por la pandemia y las severas medidas para procurar contener los contagios por coronavirus.
Así queda en evidencia al detallar un recuento sobre el robo de luminarias del alumbrado público en los últimos tres años. En 2018 se registraron 43 hurtos de esos elementos. En 2019 el número de casos descendió a 16, pero el año pasado se disparó hasta los 70 robos de las bombillas que alumbran las calles.
Los defensores a ultranza de la institucionalidad dirán que la soledad que imperó por los confinamientos severos y el toque de queda, les facilitó la labor a los amigos de lo ajeno para hacer de las suyas contra dicha infraestructura, en lugares como El Malecón, el barrio Santander, el puente de la Avenida Cero, el centro, Quinta Oriental, La Riviera y Prados del Este, por ejemplo.
Pero lo que esto evidencia es que hay una gran falla y carencia de eficiencia en el modelo de seguridad ciudadana aplicado en la capital de Norte de Santander en los últimos tiempos, lo cual provoca que en esos lugares mencionados -que ni siquiera están en la periferia-el hampa actúe a sus anchas.
Por eso se dan a conocer las estadísticas y los lugares en que han ocurrido estos robos, para mostrar que en verdad es de suma urgencia reformular lo que se ha venido haciendo para preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos como la Constitución se los ordena a los gobernantes y a la Fuerza Pública.
Y claro, aparte de usar los elementos robados para obtener ganancias, los ladrones van adecuando sus zonas para perpetrar las fechorías dejándolas a oscuras para poder atacar más fácil a sus desprevenidas víctimas.
De verdad que eso no debe volver a pasar en este también pandémico y difícil 2021, puesto que los cucuteños ya tienen suficientes problemas con la salud, con la economía, con el desempleo, con el hambre, con la corrupción y la indiferencia estatal, como para seguir soportando esa oleada incontenible de inseguridad.
Lo peor es que las finanzas del municipio también resultan afectadas como lo advirtiera la subdirectora de servicios públicos de Planeación Municipal, Marcela Rodríguez, quien calculó que atender el daño y el robo de esos elementos cuestan mensualmente $100 millones, lo cual significa que puede llegar a generar un boquete anual de $1.200 millones.
Como se ve, la actuación de estos ladrones, provoca que muchos otros sectores de la ciudad tengan que esperar más tiempo para que la expansión del alumbrado público signifique que la luz LED cubra sus calles, parques y espacios deportivos.
Ya que la Policía Metropolitana está estrenando comandante y que por primera vez tiene a un general al frente, ojalá que la estrategia para la acción de operatividad, vigilancia y control resulte contundente y efectiva, puesto que la ciudadanía está muy inquieta por lo que ha venido sucediendo con el resquebrajamiento de la seguridad.
Y ojalá la concesionaria del alumbrado público en coordinación con la Alcaldía también atiendan con prontitud aquellos lugares que quedan a oscuras por acción de los delincuentes, puesto que eso genera más percepción de inseguridad, alimenta la presencia delincuencial y facilita que se abran focos para la venta y consumo de estupefacientes al amparo de las sombras.
