Así como en la Sociedad de Activos Especiales no cesan las sorpresas con los malos manejos de los bienes incautados a los nar­cotraficantes, en la Unidad de Víctimas se destapan situacio­nes muy parecidas que confir­man el alto grado de perfección alcanzado por la corrupción en Colombia.

Con el mismo juego, se des­cubrió que han sido arrenda­dos a valores inverosímiles predios dirigidos a la repa­ración de los afectados por el conflicto armado.

Lo peor del caso es que de los 2.346 bienes que maneja el Fondo para la Reparación de las Víctimas, 932 están ocupados de manera irregu­lar, quedando en riesgo de ser absorbidos por la maraña corrupta.

Pasajes como esos llevan a entender lo paquidérmico que ha resultado reparar a los afectados, puesto que de no hacer nada y permitir que todo siga igual, el país podría tardar entre sesenta y cien años.

Y el asombro resulta cru­zando hacia la incredulidad al verificar a cuántas de las nueve millones de personas registradas les han resuelto la situación en la Unidad para las Víctimas. A solamente un mi­llón les ha sonreído la suerte.

Y al tiempo que deja mucho que desear ese pasado, el mo­mento amerita un ejercicio para recuperar las propiedades que los corruptos se quieren apoderar, hacer un inventario región por región e ir tras esos terrenos, haciendas, casas o apartamentos.

Una gran cruzada entre la Fiscalía, la Procuraduría, No­tariado y Registro y los minis­terios del Interior y de Justicia debería desplegarse porque no hay derecho a que se llegue a esta clase de manejos turbios.

Todo eso conduce igual­mente a que en Norte de San­tander también haya un corte de cuentas para determinar en qué están los casos de las aproximadamente 230.000 personas que son sujetos de atención y reparación.

Además, muy bueno sería que se supiera si aquí hay algu­nos de esos predios dispuestos para indemnizar a las víctimas, alquilados a $4.000 ó $100.000 mensuales.

Ojalá la ONU diera una mano ahí para que mediante moni­toreos y verificaciones inde­pendientes ayude a que este punto tan importante en los diferentes procesos de paz, tanto con los paramilitares como con las Farc, se destrabe y acelere en lo concerniente a todo lo que ha pasado al Fondo de Reparación.

Caer en la revictimización no es el camino. Luego los ór­ganos encargados de tramitar y procurar un mejor estar de quienes fueron directamente golpeados por la violencia, capítulo que es urgente ir su­perando.

Y el panorama se oscurece si tenemos en cuenta que en el presupuesto para el año en­trante a las víctimas les asig­naron 1.3 billones de pesos, lo cual llevó al defensor del Pue­blo, Carlos Camargo a decir que Colombia demorará 80 años en cumplir las reparaciones.

Tenemos, entonces, un he­cho con diversidad de compli­caciones que requiere acciones urgentes y decisivas porque se corre el riesgo del desplome del programa ante la posibilidad de que ningún presupuesto alcance y que la codicia de los corruptos sobrepase todos los límites.

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