Un enemigo de extrema peligrosidad se encuentra al acecho en Colombia, como  el de los drones cargados con explosivos que aparecen ahora como elemento preferido por los grupos armados para atacar a sus enemigos y a la población civil.

El Catatumbo -con la guerra que ha padecido este año- se convirtió en uno de los territorios en que este silencioso pero  mortífero aparato adaptado con el fin de provocar el mayor daño posible.

Dentro de la lógica del conflicto armado y en la reconfiguración que registran organizaciones como  el Eln, la utilización de estas naves pilotadas a larga distancia les permiten espiar, por ejemplo, a la disidencia de las Farc o a tropas del Ejército y luego lanzarles explosivos desde el cielo con esos equipos.

Estos grupo armados ratifican que han adquirido mayor poderío y avance tecnológico en su arsenal que a su vez les sirve para infundir más miedo entre la población a la cual también pueden vigilar y controlar con estos drones.

En un país con una alta volatilidad en materia de inseguridad ya era hora de que se pusiera en la mira esa nueva dinámica del conflicto generada por el componente aéreo con armamento explosivo. 

Resulta muy importante el proyecto de ley que establece y define los  parámetros para el uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de drones y sistemas antidrones en Colombia.

Lograr contar con una normatividad como esa resulta indispensable para poder hacer una regulación integral que incluirá algo esencial como son los bloqueos de las frecuencias que pasarán a convertirse en un aliado para impedir que los drones-explosivos sigan haciendo daño al ser empleados para los ataques terroristas.

Algo que deben tener presente el Gobierno nacional y los congresistas al momento de avanzar en  la aprobación de la ley, es el relacionado con la facilidad que hay para adquirir dichos equipos.

La instalación de inhibidores o el uso de sistemas portátiles para que no puedan alzar vuelo hacia sus objetivos, hay que empezar a darles prelación tanto en inversión como en el establecimiento de áreas protegidas, con el fin de prevenir que la situación empeore en el futuro.

Lo grave de todo esto es que los grupos los acondicionan y  transforman en ‘bombas voladoras’. Por tal razón se deben definir mecanismos de control a su comercialización, como lo ha advertido el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En ese aspecto, al Ejecutivo y Legislativo les corresponde establecer un marco normativo para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de drones en Colombia, en el entendido que hoy se volvieron un factor de muerte, destrucción y violación a los derechos humanos.

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