La Opinión, en su página web, recientemente, se convirtió en foro sobre la conveniencia o no de la determinación del Ministerio de Educación de que el 21 de julio se produzca el regreso a clases en los colegios y escuelas en el país y en Norte de Santander.

Muchos de los participantes expusieron preocupaciones válidas que van desde los riesgos latentes de contagio al estar atravesando actualmente un período crítico de la pandemia del coronavirus y otros porque consideran que las estructuras educativas no ofrecen las garantías.

Y en medio del intercambio de deliberaciones aparecieron quienes recordaron la advertencia de que si los profesores de colegios públicos no acatan la presencialidad, pues simplemente no les pagarán el sueldo y listo, dando a entender entonces que era una orden perentoria y sin reversa.

Se leyeron comentarios contra Fecode y otras organizaciones de maestros, recordándoles que no le temieron a adquirir el coronavirus en las calles durante las manifestaciones y plantones del paro nacional, pero que cuando debían volver al trabajo, sacaban de nuevo a relucir el riesgo sanitario.

Otros acudientes y representantes de los niños y jóvenes estudiantes plantearon la alternativa de la gradualidad en la reapertura total del sector educativo, por el temor a las aglomeraciones en el transporte, en los mismos establecimientos escolares y en las zonas donde se encuentran los planteles.

Y hubo quienes pusieron el dedo en la llaga al preguntarse qué garantía da el Estado por la salud de los estudiantes, de sus familias y de los trabajadores del sector educativo teniendo en cuenta que la infraestructura de gran parte de   los colegios no garantiza ni el distanciamiento físico, ni la ventilación adecuada ni sanitaria, en un país que ahora registra más de 28.000 contagios diarios y las muertes fluctúan entre los 500 y cerca de los 700  al día por la COVID-19.

El alivio al nerviosismo y  preocupación obvia de los padres de familia, para el caso de Cúcuta y los 157.363 alumnos de 230 sedes educativas en las zonas urbana y rural, lo dio la secretaria de Educación del municipio, Jessica Ramírez.

El regreso a las aulas no es obligatorio, es el resumen de lo expuesto por la funcionaria, cuyo despacho no tiene claridad sobre el promedio de alumnos que volverán a la presencialidad en las aulas, asunto que ha motivado una especie de pausa mientras se define cuál será la frecuencia y el modelo pedagógico en cada institución.

Es entendible que la autoridad educativa local busque que la mayor cantidad de hogares con niños y jóvenes estudiantes los vuelvan a enviar a clases, con argumentos como que el 77% de los docentes ya están vacunados o que el año pasado cuando el estudio en casa rigió no nos fue muy bien en las Pruebas Saber, pero las familias deben de ser escuchadas y entendidas en sus temores válidos.

Si todos llegan y la algarabía con tapabocas da inicio a la nueva realidad en los colegios y escuelas, con todos los protocolos exigidos y las garantías de salud y vida, pues bienvenidos sean.

Pero si una gran parte de acudientes decide que todavía no es la hora, el Estado tiene que mantener la virtualidad y leer mejor a la ciudadanía en un caso tan sensible como este, que significa enviar a hijos, nietos y sobrinos a una aventura contra lo desconocido en medio de un panorama pandémico todavía muy agitado.

Y mientras tanto, algunos colegios no tienen agua y los pequeños salones parecen latas de sardinas con 30 o 40 alumnos.

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