Sanos y salvos regresaron los cinco policía secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, en Tibú, hecho que pone de nuevo sobre la mesa la persistencia de un delito que ha estado fuertemente ligado al conflicto armado en Colombia.

En primer lugar, la región respira aliviada por el retorno de los agentes, significando también la tranquilidad para las familias de quienes desde esa institución a diario luchan por la seguridad de los colombianos.

Sin embargo, es también el momento de que haya una fuerte advertencia internacional y nacional a las organizaciones armadas ilegales para que no sigan incurriendo en el plagio.

En este caso en particular, hay que advertir que incluso se presentó cuando los miembros de la Policía estaban desarmados, de civil y no se encontraban en labores relacionadas con sus funciones.

Pero es que al secuestro debe seguir siendo repudiado porque aparte de arrebatarle la libertad a las personas bajo la intimidación de las armas, convierte a las víctimas en una especie de ‘mercancía’ intercambiable por  fuertes sumas de dinero.

Reportes periodísticos basados en cifras del Ministerio de Defensa, señalan que el año pasado cerró con un incremento considerable del secuestro en Colombia, al pasar de313 casos en 2024 a 559 en 2025, un aumento cercano al 80%.

Y como siempre ocurre en los hechos de inseguridad, el secuestro extorsivo ha ido en aumento, generando preocupación entre los habitantes del área metropolitana de Cúcuta y en el Catatumbo, en donde han tenido ocurrencia la mayor parte de estos hechos.

Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, el año pasado en Norte de Santander se presentaron por lo menos 60 plagios por parte de las organizaciones armadas ilegales.

Sin embargo esta cifra  puede quedarse pequeña por cuestiones de subregistro por ejemplo.

Sobre esta clase de ataques a la libertad de movimiento de  las personas  a quienes además les conculcan sus demás derechos, la Defensoría del Pueblo dentro del informe sobre el primer año de la cruenta guerra que persiste en el Catatumbo hizo referencia al secuestro: como “una herida que no cierra”.

Según esa entidad, el secuestro continúa siendo una práctica utilizada por los grupos armados para ejercer control, obtener recursos o presionar a las comunidades”.

Dentro de otra confirmación de que lo ocurrido en esa subregión hizo saltar todas las estadísticas de violencia en el departamento, la Defensoría revela que durante el 2025, la comisión humanitaria facilitó la liberación de 121 personas, aunque sin embargo, 59 permanecían secuestradas al cierre del año.

“Estos hechos han mantenido a sus familias en un estado permanente de angustia e incertidumbre. El secuestro no distingue clases sociales, color de piel, tampoco preferencias políticas”, es la acertada descripción que hace sobre este inhumano y reprochable método de hostigamiento.

El secuestro es un delito que no puede resultar favorecido ni por la impunidad y tampoco debe quedar sin la aplicación de penas y responsabilidades legales contra quienes lo han perpetrado con fines políticos, económicos o para ejercer control territorial. En esto no se puede transigir en las negociaciones y procesos de paz.

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