El macabro conteo de masacres de 2021 arrancó, ayer, en Norte de Santander, con el asesinato de tres personas en la vereda Totumito, en Tibú, el cual genera muchos interrogantes y sinsabores para nuestra región que sigue  arrastrando los impactos  de la violencia.

El contexto nos muestra que estos hechos sangrientos marcan al departamento, el cual ni siquiera estuvo a salvo de ellos en 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus y rigieron severas medidas restrictivas a la movilidad.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) precisó que el año pasado en esta región colombiana se registraron media docena de masacres, las cuales tuvieron como escenario Ábrego,  Ocaña, Tibú y la zona rural de Cúcuta, con un total de 28 personas asesinadas.

Resulta muy triste tener que seguir contabilizando estos hechos sangrientos de un conflicto que golpea a la población civil y por el cual el año pasado Colombia fue protagonista de 91 masacres con 381 víctimas, en 64 municipios de 22 departamentos.

Lo peor es que eso ha dejado desplazamiento, estigmatización y zozobra dentro de un ambiente de destrucción del tejido social producto de enfrentamientos entre bandas criminales y organizaciones guerrilleras que por hacerse al control de las economías ilegales, llegan arrasando con todo, sin ningún respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Y en el caso nortesantandereano, a la sociedad en general le debe de preocupar y tomar cartas en el asunto, porque dos de esos homicidios intencionales y simultáneos de varias personas, ocurrieron en territorio cucuteño, es decir, en la capital del departamento.

Eso es muy grave y no puede tratarse como una simple estadística más dentro de la creciente espiral de violencia, puesto que el ciudadano perciba que el Estado se está quedando sin capacidad de protección y reacción en una ciudad principal, ya denota el acelerado deterioro de una situación que se está volviendo incontrolable.

Y frente a lo que acaba de pasar en Tibú, con la primera masacre del año, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Sijín están en la obligación de investigar  y confirmar si es cierto que ahora hay un nuevo actor armado generador de terror en el Catatumbo y que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las autoridades tienen que escuchar lo que acaba de advertir la MAP OEA para que procedan a investigar estos hechos de manera exhaustiva y a fortalecer medidas de prevención, protección y no repetición. “Exhortamos a la sociedad en su conjunto a sumar esfuerzos en favor de la paz”, reclamó la Organización de Estados Americanos.

Es urgente la activación de las medidas indispensables para reguardar a los civiles y que la fractura que está viviendo nuevamente el Catatumbo luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, sea enfrentada desde diferentes aristas, tanto políticas como militares y de inversión social.

Sería calamitoso volver a aquellos tiempos en que no alcanzaban a ser sepultados los muertos por una incursión de organizaciones armadas al margen de la ley, cuando ya estaba ocurriendo otro crimen colectivo, esta pandemia de la violencia desbordada debe ser prontamente ser contenida entre todos.