Para significar la inmensa gravedad de lo ocurrido en Haití debe acudirse a la expresión de que presidentes no matan todos los días, para que nuestras sociedades no banalicen en lo sucedido y pongan en la real dimensión los impactos de ese magnicidio, máxime cuando colombianos supuestamente hicieron parte del comando mercenario que cometió el crimen.

Pero más crítica se torna la situación cuando se advierte que la mayoría de quienes participaron en la operación hicieron parte del Ejército y ostentaban una poderosa instrucción en combate, en estrategia de guerra, manejo de armas, explosivos y comunicaciones.

Aquí llega el momento de abrir uno o varios interrogantes. ¿No es hora  ya de cambiar la doctrina militar y tener no un Ejército para la guerra sino uno para la paz?

Porque ahí descansa la consideración central de que nuestros soldados ya no deben de estar siendo preparados como ‘comandos para operaciones guerreristas’. Si hay firmado y activado un proceso de paz con la mayor guerrilla como eran las Farc, lo lógico es que en la Fuerza Pública hubiera un cambio de estrategia más centrada en enfrentar diferentes desafíos a la seguridad, cuidado y control territorial fronterizo y ser garante de los derechos humanos.

Pero además, la institucionalidad que los llama ‘héroes’ y ‘soldados de la patria’ debería garantizarles un bienestar económico y de formación universitaria y técnica para el emprendimiento y el empleo a los militares en retiro, en especial los de rango medio y bajo, cuya pensión no resulta siendo una garantía para ellos y sus familias.

Ese vacío o falla en la planeación gubernamental, es la que abre las puertas para que estemos convertidos, aunque nos duela admitirlo, en exportadores netos de mercenarios. Como lo hemos visto en Yemen, Irak, Libia y Afganistán, hasta donde han llegado exmilitares colombianos con gran entrenamiento, pero con graves problemas económicos que los hace atractivos para llevarlos a pelear en guerras ajenas, muy lejos de su tierra.

No debería resultar descabellado pensar que así como Estados Unidos ayudó financieramente con el Plan Colombia para el combate al terrorismo y el narcotráfico, sería importante que naciones de la Unión Europea hicieran lo propio con un esquema especial para ayudar socioeconómicamente a los militares colombianos que lucharon contra la guerrilla y que enfrentan problemas de todo tipo.

Esa sería otra manera efectiva de quitarles potenciales combatientes a las empresas que los contratan para irse a peligrosas aventuras bélicas que finalmente terminan en sangrientos desastres que incluso, como en el caso haitiano, arrastran hasta el buen nombre de Colombia en el concierto internacional.

Muchas inquietudes surgen, por ejemplo sobre los controles a esas compañías que venden servicios de seguridad o de naturaleza similar en el extranjero o sobre el monitoreo que el Ejército, por ejemplo, hace de quienes pertenecieron a la institución en batallones, divisiones o compañías con formación especial.

Eso no es un llamado al perfilamiento o espionaje de los exmilitares ni mucho menos, sino que se supone que desde las áreas de asistencia social o de relaciones humanas, se creería debe haber un contacto con esos ex miembros para saber cómo están y qué dificultades enfrentan en su vida como civiles. Y un hecho que no se explica la gente del común, es cómo uno de esos exmilitares detenidos en Haití se encuentra bajo investigación de la JEP por la ejecución extrajudicial de una persona dentro del caso de los falsos positivos.

Todavía queda mucha tela por cortar, pero es mejor que nos recuerden por exportar café y aguacates y no por ser suministradores de mercenarios.