La aberrante y repudiable práctica del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una vergüenza para Colombia.

Llevamos muchos años padeciendo este inhumano flagelo que parece no tener fin, a pesar de los esfuerzos y voluntades de todas las autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil por lograr su contención y erradicación.

Este infame reclutamiento que afecta a las comunidades más vulnerables se ha mantenido activo y sigue siendo utilizado por los grupos armados ilegales, a pesar del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Es decir, el problema se ha mantenido y en muchas ocasiones agravado, según ha dicho la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Como ocurre con otras situaciones degradantes derivadas del conflicto armado de muchos años, Norte de Santander, con Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, son las regiones más golpeadas por este flagelo.

Precisamente, el pasado viernes, con ocasión del Día Internacional de las Manos Rojas, el gobierno del presidente Iván Duque y la Defensoría del Pueblo lanzaron en Dabeiba (Antioquia) sus nuevas estrategias y planes para procurar la prevención y ponerle más atención a esta problemática.

También, tienen la intención de implementar y crear estrategias de incidencia ante instancias del Estado, con el propósito de visibilizar la problemática para la adopción de acciones que aseguren la garantía y restitución de derechos.

Entre las estrategias de la Defensoría están las actividades de acompañamiento judicial, acciones encaminadas a brindar atención y orientación a niños víctimas de reclutamiento forzado o en riesgo de estarlo y sus familias, y la activación del aparato jurisdiccional para la investigación, juzgamiento y sanción. Igualmente, la promoción del conocimiento de los derechos humanos, así como el análisis e investigaciones sobre el conflicto armado, la violencia y los factores que dan lugar a este fenómeno, y para prevenirlo.

Cabe mencionar que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores en 157 alertas, desde que fue puesto en marcha este sistema en 2017.

De acuerdo con esta entidad, el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento se ha mantenido luego de la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc, debido a que la práctica criminal se adapta a las nuevas dinámicas, actores y formas de uso y utilización de menores.

Adicionalmente, la Defensoría denunció que durante la pandemia de la COVID-19 se han presentado circunstancias que aumentan el riesgo de reclutamiento, como el cierre de colegios, la deserción escolar y el empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal. La falta de oportunidades representa el caldo de cultivo perfecto para que los grupos armados y delincuenciales desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños más vulnerables.

El presidente Duque anunció que su gobierno denunciará esta práctica ante los organismos internacionales. Aunque también debería ponerla en conocimiento de todos los foros e instancias multilaterales y demandar de los gobiernos y organizaciones del mundo su respaldo y apoyo para poder liberar a Colombia de la vergonzosa práctica del reclutamiento de niños y adolescentes.