

La sucesión de hechos violentos ocurridos en los últimos días en Cúcuta que tuvieron su punto culminante con una masacre en pleno centro envían un mensaje al Gobierno nacional sobre la descontrolada inseguridad ciudadana que sigue creciendo en ciudades capitales.
La explosiva intimidación con el lanzamiento de granadas en varios sectores y ahora el ataque a disparos a un grupo de habitantes de calle, que les arrebató la vida a tres de ellos, generó un ambiente de zozobra entre los cucuteños.
Como se ha venido exponiendo, la marca delincuencial de las bandas criminales aparece en estos hechos, lo cual significa que se necesita un plan de acción estrictamente dirigido a su combate y desmantelamiento.
Para el caso preciso de la capital de Norte de Santander dos hechos influyen en que esas organizaciones obtengan poderío como es la influencia de Catatumbo, tanto por la violencia como por el narcotráfico, y la frontera venezolana que sirve como ruta para escapar o esconderse.
Al dominar negocios ilegales como el del microtráfico, manejar la extorsión y dedicarse a la comisión de otros delitos como el sicariato y el secuestro estos grupos tienen una alta influencia en la generación de inseguridad en Cúcuta y el área metropolitana.
Es que así como el narcotráfico es el combustible del conflicto armado en vastas zonas de Norte de Santander, el narcomenudeo en la capital departamental es también un disparador de los hechos que rompen la seguridad y la deterioran con hechos como los comentados antes.
Es que además esa peligrosa influencia de bandas como Los AK-47, señalada como la autora de la céntrica masacre, se demuestra en el hecho de que han llegado a instrumentalizar a los habitantes de calle para el expendio de sustancias psicoactivas en varios sitios de la ciudad.
Lo de Cúcuta no es un caso aislado sino un escenario delictivo que se ha fortalecido en las áreas urbanas del país con bandas cada vez más fuertes en financiación mediante las economías ilegales, poderosamente armadas, y con mayor número de integrantes. Sus métodos intimidatorios se cada vez más violentos con la clara intención de demostrar que tienen el control en algunas áreas de la ciudad, para de esta manera atemorizar a la población, hostigar a los liderazgos sociales en los barrios y disparar los hechos que alteran la tranquilidad de los cucuteños.
Cúcuta ha sufrido en carne propia graves ataques perpetrados por aquellas bandas, ante las cuales debe cerrarse el círculo para perseguirlas sin descanso, detener a sus cabecillas, desmantelar sus estructuras de financiación, aplicarles extinción de dominio, capturar a sus integrantes y aplicarles pronta y debida justicia.
Pero en esta lucha no puede dejarse sola a Cúcuta. El Gobierno nacional tiene aquí una labor urgente a desarrollar puesto que como está demostrado y se ha insistido, lo ocurrido aquí es un reflejo del conflicto en el Catatumbo y prácticamente el fracaso de la política de ‘Paz Total’.
Entonces se necesita que en la capital nortesantadereana la administración nacional determine junto con la Fuerza Pública los planes específicos de seguridad que permitan cortar ese cordón umbilical y activar los planes para el desmantelar y someter a esas organizaciones urbanas del crimen.
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