Antes que ponerse a promover acciones secesionistas como la de buscar crear el departamento número 33 de Colombia  o el municipio 41 de Norte de Santander, lo que debe hacerse es hacer una revisión de las condiciones actuales de las regiones y mejorar y cambiar lo que sea necesario para beneficio de sus habitantes.

Esas movidas pretenden, en el primero de los casos,  llevarse a las localidades nortesantandereanas de El Carmen y La Esperanza para formar con áreas de Cesar y Bolívar el que llamarían Sur Caribe Colombia.

Aquí entre nosotros se ha escuchado la iniciativa de cercenarle la zona rural de Cúcuta que tiene cordón umbilical con el Catatumbo y la frontera con Venezuela, para buscar que se forme otro municipio. Alguna vez se propuso incluso, segregar Atalaya para convertirla en municipio.

Una y otra idea son iguales de quiméricas a la que también ha venido sonando desde hace mucho tiempo sobre la República de El Zulia con Norte de Santander, y parte de los estados venezolanos de Táchira, Zulia y Mérida. 

Idealistas por lograr la independencia, alcanzar la unión por probables identidades culturales y etnográficas más acordes para que por fin el Estado las tenga más presentes en sus políticas y en las asignaciones presupuestales, son algunas de las razones expuestas.

Pero no debe olvidarse que esos planes no son tan fáciles de llevar a la práctica desde diversos puntos de vista y que están regulados por diversas normas, porque municipios y departamentos no se pueden ir sacando del cubilete, sin antes cumplir condiciones más allá de esos sentimientos de frustración, que deben entonces ser escuchados por los gobiernos nacional y departamental, para una mejor atención de esos territorios que harían parte de esas propuestas planteadas.

En cambio lo que sí debe de llamar la urgente atención de la Gobernación de Norte de Santander es lo que está ocurriendo con 104 kilómetros cuadrados de territorio que pueden perderse y pasar definitivamente a manos del Cesar.

Resulta que al encontrar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi doble matrícula catastral en 90 predios de los corregimientos de Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen y Aguas Claras, en  Ocaña, ese organismo  ordenó la segregación y los anexó a Río de Oro, sur del Cesar.

A las autoridades administrativas de nuestro departamento les corresponde urgentemente actuar e interponer las acciones correspondientes ante organismos competentes, como la jurisdicción contencioso administrativa y exigir la intervención de la Procuraduría  para determinar qué pasó ahí, si pudo haber negligencia en la defensa de este caso que data de varios años atrás.

El actual secretario de Gobierno de Ocaña, Yuri Alfonso Carrascal Gómez, dio la mejor explicación a este caso en que muchos territorios ocañeros ahora son cesarenses: “la segregación de estos territorios se hizo de manera inconsulta y sin obedecer a verdaderos estudios técnicos y legales”.

Eso es muy delicado y grave y no puede permitirse que la región vaya perdiendo por ahí sus tierras sin que medien las acciones jurídicas necesarias para defenderlas. Sería bueno que el IGAC aclarara, explicara y precisara por qué de buenas a primeras se hizo ese reacomodamiento en el mapa nortesantandereano que resultó recortado y en el cesarense que ahora se ve más nutrido.

Y también deben intervenir las administraciones de Ocaña y de Norte de Santander, primero no dejando perder esas tierras y segundo, accionando ante la justicia contra quienes hayan incurrido en negligencia frente a la defensa territorial.