Hay quienes han dejado de estudiar porque o no tienen internet o porque ni siquiera cuentan con  computador o no les alcanza la plata para pagar los datos en el teléfono celular.

Que los niños y adolescentes se queden por fuera de las aulas debe de considerarse como una tragedia, porque significa perder la oportunidad de educar a una generación que fácilmente  puede caer en redes de la delincuencia o la informalidad, por ejemplo.

La pandemia del coronavirus  parece que le va a pasar factura en ese aspecto a Norte de Santander de acuerdo con las advertencias que hablan para el año entrante sobre una creciente deserción escolar en los planteles públicos, por múltiples razones.

Caer en la pobreza, perder el empleo, ver reducidos drásticamente los ingresos en el hogar e incluso el temor al contagio, son los hechos que finalmente terminan impactando sobre la imposibilidad de los escolares de seguir asistiendo al colegio o la escuela.

Y las razones a la luz de la precariedad económica que se está comenzando a advertir en la región terminan por materializarse en la imposibilidad de tener recursos para los uniformes ni de contar con dinero para los útiles escolares.

Ahora en la virtualidad por el coronavirus -en la que aún todavía se desconoce si las clases seguirán desde casa- ya hay quienes han dejado de estudiar porque o no tienen internet o porque ni siquiera cuentan con  computador o no les alcanza la  plata para pagar los datos en el teléfono celular.

Es una acumulación de situaciones que a veces parecen minúsculas pero que sumadas se transforman en una grande y riesgosa talanquera de impredecibles consecuencias, como en esta sobre el riesgo de que los estudiantes de primaria y bachillerato opten por no volver a estudiar.

Como se ve, no es porque sean vagos, como peyorativamente los tratan  algunos, la verdad es que se trata de un hecho generado por la oleada de problemas que se venían acumulando desde antes de que apareciera la COVID-19 y que se exacerbaron con la crisis sanitaria.

En ese campo resultan importantes las estrategias planteadas por la Secretaría de Educación departamental, en la destinación de recursos a la compra de material pedagógico para entregarles a los menores en casa, la operación ininterrumpida del PAE para  116.000 niños en sus hogares, entre otras.

En los colegios privados de la región la situación también muestra visos de riesgo, de acuerdo con lo expuesto por la Asociación de Instituciones Educativas del Norte (Eduprinor), que deja entrever un 2021 muy complicado en materia de asistencia de los alumnos.

En 160 establecimientos educativos de Cúcuta  una encuesta detectó que el 38% de los estudiantes no volvieron a atender las clases de manera virtual.

Lo anterior indica que  cerca de 13.816 estudiantes que, aunque no han sido retirados de los colegios, están ausentes en todas las clases y no hay respuesta por parte de sus padres.

La situación de la educación pública y privada en primaria y bachillerato, aparte de todos los inconvenientes y dificultades que venían arrastrando, tiende a un empeoramiento, lo cual requiere de una acción urgente y coordinada de las autoridades educativas nacionales, locales y departamentales.

Garantizarles el derecho a la educación a los niños y adolescentes es un deber del Estado y en estos momentos de aguda crisis es importante que se activen los planes requeridos, porque es mejor un estudiante en el aula que un niño pidiendo limosna o vendiendo dulces en el semáforo o enrolado en las organizaciones criminales.