Administrar el poder transferido por los ciudadanos a todo servidor público incluye derechos y obligaciones precisas para todos. Que a muchos funcionarios, una especie de olvido selectivo les permita acordarse solo de sus derechos y olvidar los de la ciudadanía, es producto de la soberbia que, como mala yerba, se riega por todas las dependencias del Estado.

El funcionario olvida que, para todo, se debe a los ciudadanos, que ellos son sus jefes, quienes le pagan el salario o los honorarios, y que son ellos a quienes les debe informar de lo que hace y de lo que no, pero, en especial de las razones por las cuales actúa en un sentido o en otro.

Ese olvido permanente lleva a situaciones como la de estos días en Cúcuta, por razón de la proyectada venta de una muy atractiva parte de las instalaciones del Inem José Eusebio Caro a la Universidad Francisco de Paula Santander (Ufps).

El anuncio de que en primer debate una comisión del Concejo aprobó vender los mejores 15.000 metros cuadrados del Inem generó lo obvio: muy sorprendidos, varios sectores sociales se levantaron opuestos a lo que consideran despropósito, y surgieron versiones e hipótesis de lo que significaría el negocio, en especial por la desconfianza generalizada que genera la administración municipal, como reflejó una reciente encuesta institucional en la que participa este diario.

Una semana después de dimes y diretes, el alcalde, César Rojas, concluyó en que fue un error no haberse reunido, antes de hablar del negocio, con el colegio, entendido como los voceros autorizados de la comunidad del Inem: estudiantes, maestros, administradores…

No es la primera vez que olvidos como este, generan costos que nadie paga, a no ser el contribuyente. Hace pocos años, sin aviso de nada, una serie de pasos de una calzada a otra en la avenida Los Libertadores tuvo que ser suspendida y la obra destruida… porque la Alcaldía olvidó informar y consultar a los vecinos.

El actual Plan de Ordenamiento Territorial (Pot) está en veremos, por razón, también, de la falta de consulta, y de socialización, como llaman ahora, con todos los sectores de la comunidad. De esa falta de consulta se quejan igualmente en los barrios afectados por obras como en Cristo Rey, cerro Nazareno y Cuatrovientos.

Por esa actitud de pasar por encima de la comunidad, la Alcaldía ni siquiera se enteró a tiempo para evitar las protestas ruidosas y justas, de iniciativas de las comunidades involucradas, como la de celebrar un convenio interinstitucional que comprometa al Inem y a la Ufps, para compartir el área que está en venta y donde quedan la piscina y una cancha de fútbol, entre otras construcciones.

Un aspecto que genera suspicacias es el hecho de que en la comisión de los concejales que aprobó la idea de vender estuvo Leonardo Jácome, vinculado a la Ufps, en actitud que para algunos observadores no es del todo correcta.

Mientras trabajos de remodelación del colegio, por más de 3.000 millones de pesos están suspendidos, los estudiantes argumentan que algunas administraciones poco o nada han hecho para apoyarlos en el mantenimiento del centro educativo, y que ellos y los papás son los únicos interesados en mantenerlo en pie.

¿Quién tiene la razón en este embrollo, surgido de la costumbre de algunos burócratas de ignorar a sus reales jefes: los contribuyentes?