Uno de los promotores de la séptima papeleta que fue la plataforma para el posterior nacimiento, hace 33 años de la Constitución Política de Colombia, Luis Fernando Carrillo, es un analista autorizado para defender la carta magna en estos momentos en que se quiere impulsar una constituyente.

Ha hablado de algo que de pronto ese experimento al que están jugando el presidente Gustavo Petro y los integrantes del Pacto Histórico de pronto se les salga de control y se devuelva en contra de los derechos que se conquistaron en aquella oportunidad.

Será que ellos se han puesto a pensar en la advertencia dada a conocer por el exprocurador en una eventual nueva constituyente en el país. “Lo que se puede producir es una gran regresión autoritaria si eso sucede”, argumentó Carrillo en reciente diálogo con La Opinión.

Hay que ponerles cuidado a estas alertas porque en realidad lo que se puede estar fraguando es un ataque directo contra la democracia colombiana, con dobles intenciones, teniendo como caballito de batalla la salvación de las reformas sociales.

¿Quién garantiza, por ejemplo, que esto no sea una operación dirigida a la reelección del presidente Petro? Hoy lo ha negado, pero si la caja de pandora constituyente se abriera es factible que esa opción se cuele. Todo eso se debe analizar y estar atentos.

Tiene toda la razón Carrillo cuando advirtió que ahí se cocinaría una violación a la misma Constitución y es valedero su llamado para alistarnos a defendernos del zarpazo que se quiere dar y que  terminaría por debilitar la institucionalidad.

Carrillo, quien hace más de 30 años, en la plenitud de su juventud planteó la necesidad de una nueva carta para reemplazar a la de 1886, ha dejado igualmente un importante mensaje en cuanto a la jugada que se quiere hacer de llamar a la Asamblea Nacional Constituyente con fundamento en el acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc, en 2016.

Al debate que necesariamente debe seguirse dando en el país es bueno añadirle el argumento del exministro Luis Fernando Carrillo de que esa alternativa no tiene ni pies ni cabeza y que ahí estaríamos al frente de una gran violación a la Constitución de 1991.

Trayendo otras palabras del exfuncionario, en el asunto específico del pacto de paz con las Farc los colombianos recibirían muy bien una declaración o precisión de la comunidad internacional en torno a si estaría dispuesta a avalar una acción de esta naturaleza.

El país, con desbordados problemas como el de la inseguridad por ejemplo,  con dificultades en aspectos como el desarrollo de la economía y manteniendo indicadores con lentos avances sociales, no necesita embarcarse en empresas tan riesgosas como una constituyente.

La Constitución de 1991 no es la responsable de lo que está pasando. Hay otras salidas a la crisis y a la búsqueda de opciones para tratar de enderezar el rumbo y obtener los respaldos necesarios para impulsar y lograr la aprobación de los proyectos más importantes del actual gobierno en el Congreso de la República.

Las opciones reposan en el diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos sin comprometer ni la integridad de las instituciones colombianas ni la regla fiscal ni el futuro de las finanzas y de los ciudadanos. Nuestra actual Constitución, incluso, incluye remedios efectivos que lo único que se debe hacer es aplicarlos con eficiencia y eficacia.

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