Uno más, es el reciente asesinato del líder comunal de Banco de Arena, Eliécer Sánchez Cáceres, hecho del que son señaladas las Autodefensas Gaitanistas que hacen fuerte presencia en la zona rural de Cúcuta, que está conectada con el Catatumbo y que tiene cercanía con Venezuela.

Resulta muy grave que estos crímenes desbaraten el tejido social de comunidades tan importantes que sufren toda clase de factores generadores de violencia, aparte de ser estigmatizadas y perseguidas.

Y un aspecto que no se puede dejar pasar por alto es que dichos actos de violencia extrema ocurren a menos de una hora de camino del parque Santander.

Este elemento de contexto sirve para recordarle a la ciudadanía, a las autoridades y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales que el drama sacude a  la capital de Norte de Santander y no al municipio más alejado, pequeño y olvidado en algún rincón de Colombia.

Pero lo peor, como si ya lo ocurrido no fuera una situación que debiera llamar a la reflexión y la toma urgente de decisiones para proteger a las familias que viven en los territorios cucuteños de los corregimientos, es que no ha sido uno solo sino varios, los crímenes perpetrados este año contra quienes representan a las comunidades.

Ya van tres hechos sangrientos. Las otras dos víctimas fueron el líder comunal William Rodríguez a quien le quitaron la vida el 16 de enero, en el sector La Punta, y la lideresa social de Palmarito Gertrudis Hernández, asesinada el 9 de julio.

La zozobra, el miedo y el silencio son los que ahora se imponen en varios de los corregimientos donde los gaitanistas y la guerrilla del Eln han montado su régimen del terror.

Aunque a nadie le gusta la palabra, porque significa la pérdida de territorio ante fuerzas ilegales,  la banda criminal gaitanista ha intento montar un ‘paraestado’ instaurando hasta toque de queda obligatorio para que nadie circule después de las 6:00 de la tarde.

Gente de la zona que habla a condición del anonimato, advierte que Banco de Arena, Palmarito, La Punta, La Arenosita, 5 de Mayo y El Suspiro, son el territorio ‘dominado’ por esta estructura, mientras que los integrantes del Eln se mueven por Vigilancia y El Infierno.

Y como lo publicó La Opinión el pasado 24 de agosto, hay situaciones denunciadas por habitantes del lugar que merecen investigaciones con resultados inmediatos: ‘los paracos pasan por Banco de Arena, La Punta o Palmarito en motos y armados, nadie hace algo para detenerlos’ o ‘el sábado mataron a Eliécer a menos de 500 metros de la estación y les tocó ir a los organismos internacionales a verificar lo sucedido y fueron ellos los que le avisaron a la Policía’.

Lo cierto de todo esto es que la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno Nacional deben entender que no se puede permitir que una gran proporción de la zona rural de Cúcuta quede en manos de las organizaciones criminales para manejar a sus anchas el narcotráfico y otros delitos, sometiendo a atrocidades a la población civil.

En el oído del Ministerio de Defensa quedó el pedido que hiciera la Alcaldía para una especie de militarización de Palmarito, Banco de Arena, Vigilancia, Aguaclara, Guaramito, San Faustino, Puerto Lleras y La Esperanza.

Pero queda una pregunta: ¿esa es la salida al conflicto? ¿Por qué no reclamarle a la comunidad internacional un compromiso real con Cúcuta para ayudarla a desmontar la rueda sin fin del conflicto armado? Esos organismos tienen los recursos, los planes y las alternativas para una salida socio-económica a dicha crisis.