Sentimientos encontrados se registran entre la población de los municipios PDET, en el caso específico de Norte de Santander en cuanto a la situación que enfrentan desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc.
Por un lado, en las zonas cubiertas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre los pobladores hay expresiones de positivismo sobre la implementación del pacto desde hace cinco años, como lo indicara una reciente encuesta.
Fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el que hizo una medición sobre dicho comportamiento, encontrando que el 48% de los encuestados reveló su satisfacción, asunto que fue exaltado por el propio Gobierno Nacional.
Es destacable además que entre quienes habitan esas localidades, un 56,9 % de los consultados expuso una consideración positiva frente a la reincorporación, sustitución de cultivos y mecanismos de justicia transicional.
Sobre lo encontrado por el PNUD al encuestar a 11.777 personas en 72 de los 170 municipios PDET, durante el primer semestre de 2021, el Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, lo tomó como una expresión de pleno apoyo de la comunidad a lo adelantado hasta ahora por el Gobierno Nacional en ese aspecto tan importante para desactivar el conflicto armado.
“Igual que lo revela la encuesta, lo que hemos encontrado en nuestros recorridos por todo el país es que la implementación de la Paz con Legalidad en el territorio ha generado confianza de los habitantes hacia el Estado; hay credibilidad y esperanza porque las obras de acueducto, de saneamiento básico, de vías terciarias, el mejoramiento de escuelas, de puestos de salud, están llegando a esas veredas, inspecciones y corregimientos que por décadas estuvieron marginadas de la ayuda del Estado y presas de la violencia generada por los grupos armados ilegales”, fue la expresión de Ardila.
Pero en el caso de Norte de Santander, donde el PDET cobija a San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen, El Tarra, Tibú, Hacarí, y Sardinata, apareció un signo de alerta que no debe de ser desatendido.
Resulta que la medición arrojó que el 50,7 % de los consultados advirtió que la seguridad sigue siendo mala o muy mala, con retrocesos en el Urabá antioqueño, el Catatumbo, Alto Patía y norte del Cauca.
Y en eso tienen toda la razón. Ya hemos visto como en el territorio catatumbero han florecido todas las formas de violencia -bandas criminales, los carteles mexicanos del narcotráfico, la guerrilla y la disidencia- que la han convertido en un polvorín, puesto que no solo atacan a la fuerza pública sino que violan los derechos humanos de la gente que no tiene nada que ver con esa guerra.
Aparte de estar lleno de cultivos de coca que cubren una extensión de hasta 40.000 hectáreas, ese sitio se ha vuelto invivible para muchas personas, puesto que, por ejemplo, los asesinatos de mujeres se han disparado en municipios como Tibú.
Y si nos remitimos de nuevo a la encuesta, allí se señala que en lugares como el Catatumbo la disidencia de las Farc y la guerrilla del Eln son las que ejercen una gran presencia, como efectivamente se advierte en las acciones que esos grupos comenten contra la población civil y contra los miembros del Ejército y de la Policía.
Dicha encuesta no debe ser tomada entonces por el lado del triunfalismo sino como insumo para ver de qué manera se conjura esa violencia que ha entrado en una dañina etapa de nunca acabar.
