La multinacional del crimen, esta vez representada en los carteles mexicanos de la droga, ahora recluta niños en Cúcuta, hecho que no debe de ser ni banalizado o descartado o minimizado por quienes tienen a cargo la seguridad en la ciudad.
Estamos frente a una operación de ‘traquetización con acento mexicano’ que merece mucho más que un devaluado consejo de seguridad.
Según lo expuesto en un reciente trabajo periodístico de La Opinión, el Cartel de Sinaloa le dio a un adolescente un celular costoso, ropa de marca y diferentes regalos para tratar de convencerlo de que ingresara a dicha organización en un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la zona rural del municipio.
Al hacer una búsqueda en internet se encuentra que dicha organización narcotraficante era dirigida en su momento por el Chapo Guzmán, quien fue extraditado a los Estados Unidos, y la cual junto con el de Jalisco Nueva Generación, se han hecho poderosos en el negocio de las drogas en el Catatumbo y en otras regiones colombianas.
Cuando surgen evidencias ciertas de que una organización mafiosa de ese calado está entre los ‘reclutadores forzados de menores’, lo obvio es que se emprendan las más urgentes acciones para cortarles este plan, porque de aquí a mañana vendrán las lamentaciones y sus consecuencias.
Como leímos arriba, ni siquiera llegan amenazando u hostigando, sino mostrándoles a sus potenciales víctimas la posibilidad de entrar a un mundo donde súbitamente todas sus carencias son solucionadas y mostrándoles que el dinero fácil los llevará al lujo.
Así, están usando las mismas maniobras de convencimiento que utilizan los proxenetas para atrapar niñas y jóvenes en los barrios de estrato uno y dos, para vincularlas a sus redes de prostitución.
Y lógicamente que los mexicanos, podría decirse coloquialmente, ‘tienen toda la plata del mundo’, puesto que se calcula que podrían estar dominando hasta el 80% de la cocaína que se produce en nuestro martirizado Catatumbo que ahora se volvió una fábrica proveedora de drogas ilegales para ellos.
Una ciudad con niveles de pobreza del 53,3% y con el 20% de su población en pobreza extrema, y teniendo como añadidura un desempleo del 19,4% y una informalidad del 70,5%, genera todas las condiciones para que la delincuencia organizada llegue a alimentar sus estructuras con niños y jóvenes afectados por la exclusión social.
Pero como si fuera poco, esto también nos pone dentro del grupo de ciudades capitales de departamento donde los grupos armados ilegales ejercen presión sobre los niños y jóvenes para enrolarlos, provocando con ello más violencia y violación a los Derechos Humanos, como sucede por ejemplo en Bogotá, Cali o Medellín.
En ese sentido, debe llamarnos a la preocupación el siguiente dato entregado por la Red Nacional de Información: en Norte de Santander, subraya que hay un registro de más de 240 hechos en los que los niños y jóvenes han sido vinculados al conflicto armado. Conociéndose que solo en Cúcuta, el año pasado, hubo al menos 144 menores víctimas del reclutamiento forzado.
Para combatir esa nueva plaga, no solo traficante sino además reclutadora, que se une al riesgo que implican las bandas criminales, la disidencia de las Farc y el Eln, es urgente actuar desde los puntos de vista de seguridad y de acción socio-económica, en el entendido que mantener sin solución los problemas sociales lo único que hará es tener las puertas abiertas de par en par a estos flagelos que actualmente nos azotan.
