Con dos piedras en la mano le acaba de responder la guerrilla del Eln al pedido hecho por parte de numerosos países y de varias instituciones nacionales internacionales, para que los grupos armados ilegales declararan un cese del fuego.

Nadie entiende la razón para una contestación tan hostil por parte de ese grupo subversivo que hace presencia en la zona de frontera con Venezuela, en el Catatumbo, en Cúcuta y en otros municipios de Norte de Santander.

Con esta forma de proceder, el Eln pone sobre la mesa que no tiene ningún interés de respetar los Derechos Humanos de la población civil ni las normas del Derecho Internacional Humanitario y que su accionar va dirigido al control de territorio y de las economías ilegales, como el narcotráfico.

Decirle no a la solicitud elevada por la Iglesia Católica, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y 22 embajadas en Colombia, equivale a trancar puertas y a demostrar que no hay ningún interés por desescalar el conflicto armado en diversas regiones colombianas.

“Hacemos llamado a todos los grupos armados en Colombia a declarar un cese al fuego y de hostilidades y a respetar las disposiciones del DIH para la protección de la población civil”, fue lo planteado por Alemania, Brasil, España, los Países Bajos, Francia, Irlanda, México, Bélgica, entre otros.

Los embajadores acreditados en Colombia y, por supuesto, los gobiernos de esas 22 naciones debieron de haber tomado atenta nota de la violenta respuesta emitida por ese grupo guerrillero que para intentar demostrar su poderío ha decretado un paro armado en todo el territorio nacional.

Este contexto es fundamental para indicar que a los jefes e integrantes de esa organización ni siquiera les importan las consecuencias que les acarreará el pasar por encima de los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales.

El derecho a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes ha resultado impactado en el departamento, como consecuencia de las amenazas e intimidaciones para que la gente no se pueda movilizar ni cumplir sus actividades ordinarias.

Pero igualmente reprochable es la instalación de artefactos explosivos que tienen como fin provocar miedo y pánico entre la gente frente a las acciones terroristas y entonces deciden confinarse, pero no porque quieran, sino ante el temor desatado.

Por esas dos implicaciones; coartar la libertad de la libre movilización y la posibilidad de ir al colegio, que se había restablecido hace pocos meses luego de dos años de suspensión por la pandemia, son indicativos que les restarán muchos puntos ante la comunidad internacional, que ojalá se pronuncie sobre la gravedad de lo que acaba de suceder.

Y en el campo interno, es inocultable el cansancio, hastío y el fastidio ciudadano frente a este tipo de acciones por parte de los grupos armados al margen de la ley que como el Eln, sobre el cual las autoridades creen que cuenta con 757 hombres en sus filas armadas y otros 903 en las redes de apoyo o milicias en 24 municipios de Norte de Santander.

En Cúcuta tiene las estructuras conocidas como: frente de guerra urbano nacional, frente Carlos Germán Velasco Villamizar y el frente Juan Fernando Porras Martínez.

Es que finalmente los perjudicados son los mismos ciudadanos de pie, puesto que como resultado de la violencia y la zozobra, la economía se resiente y las pérdida de ese dinamismo se refleja también en bajas inversiones y en más desempleo y pobreza. La conflictividad no es el camino.

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