Que ahora seamos noticia nacional por el gran desorden encontrado en el Cementerio Central de Cúcuta, donde se localizaron 1.086 cadáveres apilados en bolsas plásticas, debe llenarnos de espanto y de exigirles a las autoridades municipales que entren a corregir las prácticas que condujeron a este delicado hallazgo.

Como Norte de Santander y su capital han figurado entre las regiones con mayor número de víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar, es por eso que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la seleccionaron para correr ese velo.

La sorpresa que quedó al descubierto al empezar a aclarar este capítulo, se sintetiza en esta afirmación de la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia: “de los 20 procesos de medida cautelar que la sección ha ordenado, el peor escenario, por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta”.  

Tuvieron que venir altas instancias del orden nacional para descubrir que durante mucho tiempo los gobiernos locales han aplicado malas prácticas administrativas en el camposanto municipal de la principal ciudad colombiana en la frontera con Venezuela. Pareciera que no le dieron la importancia suficiente ni se tuvo en cuenta el contexto de violencia generalizada que ha caracterizado a la región. 

Lo grave es que acciones recurrentes como la exhumación administrativa y reubicación de cuerpos no identificados dentro del cementerio sin el debido protocolo y reglamentación, pueden degenerar en hechos revictimizantes.

Tendrán ahí la justicia penal ordinaria y el Ministerio Público por intermedio de la Procuraduría, un amplio expediente a levantar para llamar a numerosos miembros de anteriores administraciones cucuteñas con el fin de que respondan porque sus actuaciones se constituyen en presunta obstrucción a la búsqueda, hallazgo, identificación y entrega digna de los restos de las personas identificadas como víctimas de desaparición forzada dentro del conflicto armado.

La otra cara de la moneda, es que todo lo ocurrido en el camposanto municipal de Cúcuta lo convirtió en el motivo para que se estrenara un nuevo procedimiento en el país, que se conoce técnicamente como ‘metodología de análisis forense in situ’.

Tenemos que esperar que la situación se corrija y que el cementerio adopte las medidas adecuadas para no volver a caer en este tipo de fallas que tienen el impacto de profundizar el drama de quienes aún hoy desconocen el paradero de sus familiares  en medio del fragor del conflicto.

El hecho de haber descubierto en el Cementerio Central de la capital de Norte de Santander, hasta el momento, 211 cuerpos con claras evidencias de corresponder a desaparecidos, indica que son urgentes las órdenes administrativas y forenses para el manejo del mismo.

Y la enseñanza de todo esto, es que si eso pasó ahí, en una dependencia que a la vista de todos no tendría mayores dificultades para el ejercicio de las funciones, qué sucedería si aplicáramos un ‘rastreo administrativo forense’ a la actuación en otros despachos municipales. ¿Será que resiste análisis? o ¿Habría sorpresas?

Porque lo cierto, según lo detectado por la JEP y la UBPD, es que aquí ni siquiera fuimos capaces de manejar bien el cementerio. Eso es muy diciente y abre más puertas a la incertidumbre.

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