Una trampa peligrosa que está ahí pero nadie ve y se hace evidente en medio de un ensordecedor estallido que envuelve a la víctima que termina atrapada y mutilada o muchas veces muerta.
Nos referimos a las minas antipersona que quedaron sembradas por el conflicto armado con las Farc y otras que han sido puestas por los grupos armados ilegales que se han hecho fuertes en el Catatumbo.
Datos de accióncontraminas.gov.co advierten que en Colombia desde 1990 al 30 de junio de este año, se han registrado 12.062 víctimas de minas antipersona y municiones sin explotar.
La cruda estadística -dentro de la que se encuentra el caso de Efraín Soto que en el Catatumbo cayó dos veces en campos minados, perdiendo un ojo, parte de la audición y sufriendo heridas graves en su pierna derecha-, señala que 7.253 hechos ha correspondido a miembros de la fuerza pública y 4.809 a civiles.
Antioquia es primero con 2.613 víctimas, Nariño con 1.033, Caquetá 950 y Norte de Santander se ubica en cuarto lugar al registrar 939 personas afectadas por uno de los elementos más peligrosos que deja el conflicto armado, de los cuales 97 se han presentado durante este gobierno, con seis fallecidos.
Aunque hay advertencias precisas de que esta clase de elementos usados por las fuerzas en contienda (guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes) para detener los avances del enemigo, proteger los cultivos de coca y para causarle bajas, terminan convertidos en elementos de riesgo para la población civil, su uso no ha podido ser totalmente restringido.
Es así de desmesurada su utilización, que en el primer semestre de este año 263 personas (21 menores de edad) han muerto o resultado lesionadas por minas, granadas o cualquier otro pertrecho en Colombia, de acuerdo a los datos que maneja el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Ojalá para que no sigan sucediendo tragedias como la de Efraín a quien uno esos ‘enemigos explosivos’ también se le llevó la vida de un hermano, al 7 de agosto de 2022 se entreguen 200 municipios certificados como libres de sospecha de minas antipersonal, como lo prometiera el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.
Es urgente que la acción de caminar por senderos pantanosos, vegetación espesa y a una temperatura de que promedia los 30 grados centígrados deje de una acción que genere miedo y zozobra, como sucede en el Catatumbo.
Para el caso específico de Norte de Santander, el Comisionado Restrepo explicó que, durante este gobierno se han desarrollado 1.887 actividades de Educación en Riesgo de Minas, con lo que se han beneficiado casi 46.000 personas, que se espera lleguen a 70.000 al finalizar el presente año.
Colombia es uno de 30 estados parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, en donde se ha advertido que el uso de esos artefactos violan el Derecho Internacional Humanitario en lo referente al siguiente aparte:
“La prohibición de causar sufrimiento superfluo o innecesario, el principio de proporcionalidad, así como la utilización o recurso a medios o métodos de guerra que no discriminen entre civiles y militares son los principales principios de DIH violados por las minas antipersona”.
En medio de esta riesgosa situación, se resalta el proyecto de la Unión Europea para empoderar a los sobrevivientes de estos explosivos en Colombia para que se conviertan en agentes activos de su propio desarrollo, puesto que implica que ellos no quedarán olvidados, ni relegados ni mucho menos revictimizados.
