Al menos el Rey Sol lo dijo en público. Fue el primero y el único. Desde entonces, los mandatarios del mundo ceden a la tentación de creerlo, pero lo callan. Ninguno ha hecho eco de Luis XVI para gritar: “El Estado soy yo”. Pero todos se comportan como si lo fueran.

En Colombia ha ocurrido. Por eso, ha habido gobiernos durante los cuales, desde el más alto cargo se ha calificado de traidores a la patria a quienes, incluso en el extranjero, se han atrevido a hablar del mandatario de turno.

En 2007, por ejemplo, el entonces presidente Álvaro Uribe llamó apátrida a Piedad Córdoba por declaraciones de ella en México en las que dijo que “los gobiernos progresistas de América Latina deben romper relaciones diplomáticas con Colombia”.

Y a renglón seguido añadió: “Nadie puede dudar en Colombia y el extranjero que existe un vínculo claro entre los paramilitares y la cabeza del Gobierno. Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, un presidente paramilitar”.

También lo llamó mafioso, paramilitar y asesino. Y la reacción presidencial fue calificarla de apátrida, en actitud llena de soberbia, cuestionable en alguien que, entonces, encarnaba la máxima dignidad del Estado. No era el Estado, aunque lo creyera y demostrara.

Ahora, se presenta una situación parecida, en la que se pone en juego no al presidente y sus intereses personales, sino a la economía colombiana, lo cual sí podría entenderse como una forma de atentar contra el Estado y sus circunstancias.

Porque decir en un evento internacional del más alto nivel, como lo sostuvo Uribe en el foro Concordia Summit Europa, que se realiza en Atenas; que los únicos sectores que crecen en la economía colombiana son el narcotráfico y la minería ilegal, es negar que miles de colombianos cada día hacen patria con sus empresas, y querer cerrar todas las puertas a la inversión extranjera, que está lista para venir.

No es, ni mucho menos, un ataque al gobierno de Juan Manuel Santos —que de todos modos resulta afectado— sino a todos los colombianos. Y que provenga del expresidente Álvaro Uribe Vélez puede ser razón incluso para activar mecanismos de defensa no solo políticos sino de otro orden. En situaciones como esta sí que puede ser considerado válido echar mano a términos como apátridas y similares.

Al fin y al cabo, con el simplismo con el que argumentan los campesinos, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava.

En términos prácticos, la actitud del senador Uribe no contribuye, para nada, a los esfuerzos del país para terminar la guerra y tomar un rumbo definitivo hacia el progreso; es una generalización injusta y denigrante, y una muestra de lo que algunos políticos están en capacidad de hacer en asuntos de revanchas, venganzas y campañas políticas: no importan las víctimas.

¿Qué pondrán pensar los inversionistas de un país cuyos personajes más conspicuos dicen que los únicos sectores dinámicos son los relacionados con el crimen?

Por fortuna, los capitalistas tienen otras formas de informarse. El dinero no es algo que va y viene al ritmo caprichoso de las palabras lanzadas en las reyertas políticas, repletas de odio y de las más bajas pasiones.