Leer esto, de que en 977 municipios de Colombia hay presencia de migrantes venezolanos nos debe llamar a la reflexión de que la crisis de movilidad humana generada por el éxodo de millones de personas huyendo del régimen del presidente Nicolás Maduro, tiene que verse de otra manera.

Es decir, profundizar en darle alternativas ciertas a esta población para que se integre realmente al país y empiece así un ciclo de asentamiento  definitivo.

El ofrecimiento de las garantías debidas será entonces el paso correcto para que se eviten y desestimulen las determinaciones de volver a salir en busca de nuevos rumbos, en una extensión de ese éxodo que cada vez los aleja más de su tierra y  los expone a diversos riesgos.

Se trata de 2.815.000 personas que salieron de territorio venezolano y ahora se encuentran, especialmente, en Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La propia Migración Colombia tiene la mejor descripción del común denominador que los caracteriza, es que a todos los une la vocación de permanencia.

Al Estado colombiano  le corresponde hacer la valoración de ese concepto contrastado desde una mirada social, económica y urbana para sopesar lo que debe hacerse para  acogerlos con respeto y oportunidades.

Sobre lo anterior, hay un dato que hace parte del Estudio sobre el impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que destaca que en 2022 los migrantes y refugiados venezolanos contribuyeron con más de 529 millones de dólares a la economía nacional.

Se calcula que en el mundo hay  7.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales 6.6 millones viven en América Latina y el Caribe.   

Con esos datos en mente, queda entonces el gran reto y desafío de estructurar una política pública -que como en otros aspectos de la vida nacional- debe de ser transversal para que sea inclusiva y no discriminatoria.

Hay algunas talanqueras que sería oportuno empezar a levantar como es la que dificulta el acceso al crédito o complica la opción de abrir una cuenta bancaria, a la obtención de vivienda financiada y a la oportunidad de que migrantes y refugiados logren vincularse definitivamente, mediante la regularización al aparato económico y laboral del país.

Conseguir resultados en esos aspectos ayudarán a estas personas a que logren mejorar sus condiciones de vida en el país que les dio acogida luego de soportar el drama generado por la crisis económica y política que los llevó a dejar todo atrás y salir de  Venezuela.

La cifra revelada por la OIM sobre el impacto positivo de la migración debe  llamar al Gobierno nacional a darle más facilidades a los venezolanos que hoy viven en el país, puesto que no deben mirarse como una carga ni con dejos de xenofobia sino como una buena alternativa para procurar mayores niveles de desarrollo económico y social.

Se ha dicho que la migración funciona como un agente impulsor del desarrollo y que puede promover el crecimiento de la fuerza social y económica en los países de acogida, aspecto por el cual el Estado colombiano debe hacer más en ese sentido.

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