Enfoquémonos en dos de las estructuras armadas ilegales que generan violencia y manejan las economías atadas al narcotráfico y que perpetran delitos de toda índole en la región fronteriza y en territorio venezolano como el Eln y la disidencia de las Farc.

Las repercusiones sobre el accionar de esos grupos que han convertido al vecino país en su santuario con demostraciones de poderío, control territorial y social, alianzas con el Cartel de Los Soles y además tener el respaldo del régimen chavista que en esta oportunidad perdió a su líder Nicolás Maduro.

Tras la intervención militar estadounidense quedó sentada la decisión del presidente Donald Trump de administrar o gobernar a Venezuela hasta que haya una probable transición democrática segura en el vecino país. Y entonces, de lógica, la seguridad y el reforzamiento del narcotráfico estarán dentro de los componentes centrales del nuevo escenario, en el que Estados Unidos estará detrás de todos lo que se haga de ahora en adelante.

Por ese solo motivo es lógico que se produzca el reacomodo del Eln y los disidentes de las Farc, en especial de la Segunda Marquetalia, cuyos importantes cabecillas y un grueso número de combatientes al cambiar su brújula volverán a afectar la seguridad en la región.

Lo anterior porque ya se está hablando de algo parecido a una ‘operación retorno de la criminalidad organizada’ a Colombia, lo cual significa un peligro latente para zonas como el área metropolitana de Cúcuta, el Catatumbo y Arauca que serán las primeras en tener que soportar el posible crecimiento de las actividades terroristas.

Como la acción estadounidense en Venezuela no tiene descartada la presencia de tropas estadounidenses dentro del territorio del vecino país, esa opción llevaría a hacer más complicada la situación de orden público en Norte de Santander, por ejemplo, que acaba de tener un 2025 histórico en materia de violencia y crisis humanitaria generada por el conflicto armado.

Pero es que además al incrementarse la presencia del Eln y la disidencia de las Farc, señalados de vínculos con el negocio de las drogas ilícitas, implica un adicional riesgo para departamentos como el nuestro en aspectos como llagada de más laboratorios clandestinos, el aumento de la producción de la cocaína y una presión sobre las áreas cultivadas con hoja de coca.

Un impacto de grandes proporciones generará un trasteo de esos, en el que imaginemos a combatientes ilegales llegando a elevar el número de miembros del Eln, pertenecientes a los frentes de guerra oriental y nororiental y que ejecutan sus acciones del lado venezolano o pasan atacan y se devuelven.

Se espera que el anuncio del despliegue de 30.000 soldados en la porosa frontera con Venezuela por parte del gobierno colombiano se cumpla a cabalidad para enfrentar riesgos en la seguridad por un factor como el descrito a lo largo de los 2.200 kilómetros de ese territorio.

En medio de la incertidumbre por las consecuencias que se desencadenarán por lo que está sucediendo, es imperativo igualmente lanzar acciones para cortarles definitivamente la financiación proveniente de las drogas y conminarlas a que las opciones hacia la paz negociada deben ser claras, precisas, realizables y sin callejones que las conviertan en puerta giratoria que favorezca a los violentos y le resten capacidad operativa y combativa al Estado y sus Fuerzas Armadas.

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