Como si la crisis que agobia al sistema de salud en Colombia no fuera de características muy delicadas, ahora los embargos golpean a la también maltrecha Nueva EPS y a sus usuarios que vienen padeciendo un viacrucis para la atención de sus males.

Esto viene a ponerle otro peldaño crítico a la crónica ‘enfermedad’ que golpea al servicio de salud en Colombia, que el año pasado generó más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos, mientras que los pacientes se vieron obligados a presentar 318.000 tutelas con el fin de que les garantizaran este derecho.

Cuando una persona que va al médico finalmente tiene que hacer uso de esa clase de elementos para lograr una cirugía, una cita con los especialistas, exámenes o medicamentos de alto costo, equivale a indicar que estamos en el peor de los escenarios frente a las garantías de un derecho fundamental como lo es el de la salud.

El agravamiento y deterioro continuo en este campo debe llamar a una gran estrategia de concertación entre todos los actores que participan para que se pueda buscar la salida a este problema que sigue acrecentándose cada día que pasa.

En este sentido, Norte de Santander vuelve a encontrarse entre los departamentos más severamente impactados por esta agobiante situación, en lo que parece ser una constante de que en todo lo malo, como lo es la violencia, por ejemplo, siempre se sitúa en los primeros lugares.

Resulta que la suma de los embargos, que  debido a los fallos judiciales alcanzó los dos billones de pesos, vino a acumular más padecimientos para los 800.000 afiliados a la Nueva EPS en esta zona del territorio nacional.

Obviamente esto trae consigo más inconvenientes para que la entidad pueda tratar de cumplir los compromisos pendientes y de reactivar los convenios con las instituciones prestadoras de servicios que para el caso específico nuestro, muchos han quedado suspendidos, afectando a miles de personas.

Prácticamente la Nueva EPS está contra la pared al enfrentar una escalonada cantidad de inconvenientes que condujeron al deterioro de la capacidad para brindarles los servicios requeridos a quienes en la actualidad son sus usuarios.

La gravedad de la situación debe conllevar a la aplicación de un plan urgente de salvamento para evitar que la acelerado deterioro conduzca a una crisis sin retorno que sin duda deberá ser enfrentado con un plan de emergencia de grandes proporciones y de esa manera evitar una debacle en el deteriorado sistema de salud.

Lo cierto es que si los embargos se mantienen -como lo advirtió la aseguradora- las labores de Nueva EPS se verán seriamente comprometidas y no podrá operar administrativamente, a eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera no solo de la entidad, sino de una red aproximada 5.000 prestadores a nivel nacional.

Las mencionadas acciones judiciales  se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron las demandas en el proceso de intervención contra esa EPS. El 80 % de las que introdujeron los embargos  son privadas.

El Ministerio de Salud  y la Superintendencia del ramo deben actuar rápidamente con el fin de detener que se llegue a un punto de no retorno en el que la vida y la salud de millares de  personas quedarán comprometidas, significando esto, sin duda alguna, un estruendoso fracaso del Estado en la atención de médico-asistencial a los colombianos.

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