Delicado ese problema que quedó en evidencia en el municipio de Cúcuta, que por no aplicar la ley de patios relacionada con los vehículos que son dejados abandonados por sus propietarios para pagar las multas y demás servicios, al parecer se le están debiendo $833 millones a la antigua concesión de las grúas, que acaba de terminarse.

Extraño eso. ¿Cómo así que dejaron pasar siete años sin que nadie se diera cuenta que esto venía ocurriendo? ¿En dónde andaba la Contraloría Municipal?

O sea que el concesionario, que manejó por 21 largos años el ‘fabuloso negocio’ de las grúas en que se le llevaban a la gente los carros y motos que se inmovilizaban por infracciones de tránsito o accidentes de tránsito en Cúcuta, ¿no notó el bajonazo en los ingresos?

Decimos ‘fabuloso’, porque como sucede en la mayoría de esta especie de privatización de actividades de las que muchas administraciones locales se desprenden disque para lograr eficiencia, porque del recaudo al municipio le correspondía apenas el 10% -que en la realidad es muchísimo menos- y el operador se quedaba con el 90%.

Si de verdad quieren hacer cambios, debería la administración del alcalde Jairo Yáñez darle la oportunidad al Estado representado por la Alcaldía de asumir la prestación del servicio de las grúas, porque aquí no hay argumentos valederos para defender un modelo como el que rige desde el año 2000 en ese caso.

Porque, primero, ahora a los contribuyentes de una ciudad con tantos problemas sociales y económicos, les va a tocar pagar esos 833 millones de pesos, sin incluir los intereses, de una deuda inexplicablemente acumulada durante tanto tiempo, producto del extraño olvido de Tránsito de aplicar la Ley 1730.

En segundo lugar, si tomamos la calculadora, resulta que a los cucuteños no les conviene desde el punto de vista económico que se mantengan esa clase de concesiones. Tránsito Municipal debería permitir la deliberación para que en concertación con la gente y los gremios y el Concejo se busque la mejor alternativa.

Antes de proceder a continuar con un modelo desgastado y francamente antieconómico y para los intereses del municipio que deberían ser resguardados por quienes llegan a los cargos públicos, es la ocasión perfecta para que se hiciera un análisis a profundidad de qué tan bueno y qué tan malo desde los tópicos económico y jurídico ha resultado ese sistema para Cúcuta.

Un mes más o un mes menos sin esas grúas no va a pasar nada, puesto que no es un servicio público domiciliario ni extraordinario.

Pero, en cambio, el alcalde Yáñez, sus jurídicos, en conjunto con la Cámara de Comercio, los concejales y los analistas locales podrían pasar al tablero todas esas concesiones, y estamos seguros que muchas de ellas no se necesitan, puesto que no es necesario desmontar al Estado de sus responsabilidades, sino precisamente volverlo responsable y buen administrador.

Así que lo mejor que debería de hacer el actual titular de la Secretaría de Tránsito es poner en stop el anunciado proceso de licitación abreviada que quiere abrir, hasta tanto no quede claro de cara a la ciudadanía cucuteña,  si esa es la mejor opción, frente a otras alternativas.

No hay que hacerle el quite al debate y el análisis. En este tipo de casos hay suficientes elementos de juicio para evitar que sigan ocurriendo negocios en los que, tristemente, el municipio solo es tenido en cuenta en las pérdidas, porque al momento de repartir las ganancias, sus ingresos sí resultan siendo pírricos.