Por fin, a alguien en el Gobierno se le dio por reflexionar sobre una de tantas causas de tragedias en las carreteras y encontrarle solución: endurecer al máximo todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de licencias de conducción.

Hasta ahora, quien no tenga una licencia de conducir moto o auto es porque no la quiere tener. Hay tanta laxitud en sus trámites, que todo este sistema se ha convertido en una fuente de corrupción vergonzosa, y en origen de muerte y dolor.

Muchos de quienes sufren accidente de tránsito tienen, sin duda, licencia como conductor, pero ningún conocimiento sobre cómo conducir, y mucho menos sobre cuidado del vehículo o señales de tránsito o normas legales. La impericia y la ignorancia técnica son, en materia de licencias de conducir, factores presentes en muchos casos.

Hace algunas semanas, La Opinión hizo un sencillo ejercicio: les preguntó a conductores de moto y automóvil cuáles son los máximos de velocidad permitidos en las calles de Cúcuta. Y nadie sabía. Ni siquiera José Luis Duarte, el secretario de Tránsito local…

Todos, sin embargo, tenían licencia oficial vigente que, en la mayoría de los casos, obtuvieron en dependencias de tránsito del Área Metropolitana.

Hace un mes, un famoso artista vallenato pereció en un accidente, cuando el auto en que viajaba, conducido por su chofer, dio varias vueltas sobre su eje y se golpeó con las altas remas de un árbol. El artista no llevaba puesto el cinturón de seguridad, porque el chofer no lo obligó a usarlo, como era su deber. Además, el auto iba superando todos los límites legales y lógicos de velocidad: se habló de 220 kilómetros por hora.

¿Cómo un conductor ignoraba situaciones como estas? ¿Sabía que debía exigirles a sus pasajeros usar el cinturón de seguridad? ¿Tenía conocimiento de que la máxima velocidad en carretera es de 100 kilómetros por hora?

Las oficinas de tránsito, hasta donde se sabe, son cueva de corruptos a los que solo les importa la coima que puedan recibir del candidato a obtener licencia, ya ni siquiera de manera personal, pues es usual que a una persona que pague un dinero extra, le entreguen el documento a través de un intermediario.

Hay casos en que los certificados médicos de aptitud se venden a nombre de quien sea, sin necesidad de ser examinado, con la complicidad de las autoridades encargadas de certificar que el titular está en condiciones físicas para conducir un vehículo automotor que, en la práctica, es un arma mortal.

Ahora, habrá el obvio examen oficial que demostrará si el candidato a obtener sabe cómo conducir un automotor, si conoce las señales… es decir, si sabe o no.

El nuevo reglamento reforma, además, el funcionamiento de las escuelas de conducción, y les fija a todas las mismas tarifas, en contradicción con las leyes del mercado. Que fije las tarifas oficiales es lo correcto, pero no las de las escuelas, pues con este antecedente, se podrá exigir que el Estado iguale, por ejemplo, los precios de las tarifas universitarias.

Si el ministerio de Transporte reglamentara solo lo que le incumbe, haría un mejor papel…