En un país en guerra desde su nacimiento hace dos siglos largos, pocas cosas hacían falta para evitar que la naciente paz se consolide, una de ellas, la posibilidad de autorizar de nuevo el libre porte de armas de fuego.

Pues otra vez existe la posibilidad de que, en ‘casos especiales’, a criterio del ministro de Defensa, los ciudadanos puedan reanudar sus guerras o declarar otras, y por armas no van a pasar trabajos.

En esos ‘casos especiales’, autorizados por el presidente, Iván Duque, la gente podrá comprar armas oficialmente. Armas cortas, advierte el Gobierno, pero armas, al fin y al cabo, y esas también matan. La norma fue colgada, como una especie de mico, por Duque, en un decreto que mantiene vigente la prohibición de portar armas de fuego, luego de que el Centro Democrático le pidiera flexibilizarlo.

El decreto original de desarme, firmado por el presidente Santos, no  incluía las excepciones del que firmó Duque, caracterizado por otorgar una facultad que no tiene restricciones, para que el ministro de Defensa autorice portar armas a quienes él considere que puede beneficiar con el permiso. 

El articulito añadido indica que ‘el ministro de Defensa Nacional, durante la vigencia del presente decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud’.

Nadie ignora en Colombia lo que significa ‘casos especiales’. La experiencia de toda la historia indica que, a criterio del ministro de Defensa, esos casos son, en realidad, muchos, y favorecen siempre a quienes tienen poder. Por esa vía de casos especiales nacieron las Convivir, de las que aún mucho queda por decir.

Lo que se va a otorgar a quien demuestre ser un caso especial es una licencia para matar, pues aún para defenderse y así estén en manos de las personas más prudentes y sensatas, las armas son sinónimo de muerte. 

Una norma como la de Duque admite muchas interpretaciones, como la de que con ella se impide enterrar la guerra, porque la eventualidad de ella depende, en mucho, de la presencia de armas en manos de civiles. Se entrega de ese modo el monopolio que tiene el Estado para usar la fuerza de las armas.

Por el peligro que se genera, ha habido encendidas protestas contra Duque. Una de ellas la sintetizó con claridad la congresista opositora Claudia López, cuando dijo: ‘Nos ha tomado 27 años desarmar 56.000 combatientes de 10 grupos armados ilegales. Batimos récords de violaciones a la vida y los derechos. ¿Y todavía hay quienes proponen armar a civiles?’

La decisión del Gobierno parece obedecer a la entelequia de que la seguridad de un país depende de que los civiles disfruten del derecho a portar armas, lo cual no tiene un ápice de verdad: un estudio de 2013 del American Journal of Medicine demostró que una mayor tenencia de armas en la población hace a los países menos seguros y no más seguros.