Encontramos un gráfico sobre los 117 kilómetros de la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira donde se indica que 37 de 46 pasos ilegales cuentan con codificación binacional y se les identifica localizados en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander.

La foto de tres hombres cargando llantas hacia Venezuela por la trocha La Marranera, muy cerca del puente Simón Bolívar, publicada en primera página de La Opinión en la edición del jueves, es una prueba diciente del intenso movimiento de mercancías y de personas.

Pero recordemos que no estamos en la normalidad del pasado sino en la realidad riesgosa que nos trajo la pandemia del coronavirus, razón por la cual ese es cuadro de absoluta ilegalidad y falta de autoridad a ambos lados de la frontera. 

Oficialmente -es decir- en las órdenes que se emiten y en las declaraciones de los funcionarios se oye decir que por allá están tropas del Ejército, agentes de la Policía y unidades de Migración Colombia, para evitar ese ir y venir de gente por esas rutas que al final pueden llevar a empeorar la situación sanitaria  por el crecimiento de los casos de contagio con el coronavirus.

Pero la realidad captada supera a las  afirmaciones expuestas por quienes deberían mantener a raya ese incesante flujo,  porque dichas personas, sin ni siquiera un tamizaje, llegan hasta Cúcuta hacen compras, muchas veces  sin tapabocas ni  respetar el distanciamiento físico y mucho menos lavarse las manos, y luego se devuelven, abriendo así una peligrosa ruta hacia la probable propagación del virus.

Ya es muy conocida la famosa frase: ‘es que no podemos poner un policía o un soldado cada metro para cuidar la frontera’, pero en el mismo sentido se les puede decir que pueden organizar patrullajes, establecer puestos de control, usar tecnología, desplegar mayor personal, pero hacer algo real puesto que lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida.

No es alarmismo, pero sí una notificación de que es urgente ponerle freno a actividades como las que ocurren allá, puesto que el comportamiento acelerado de la pandemia hizo que Cúcuta fuese elevada a la categoría de ciudad de alto impacto de contagio de coronavirus.

Hasta donde se conoce y no ha habido ninguna orden contraria, es que la frontera está cerrada, luego entonces esas autoridades mencionadas cómo explican que funcionen tranquilamente estos accesos ilegales. Bajar la guardia no es la opción. Tampoco es posible hacerse la vista gorda, porque la salud de las personas es ahora mucho más importante que hasta la misma plata.

Recordemos esto, hasta ayer Norte de Santander registraba 712 casos confirmados de contagio con el coronavirus, siendo uno de los departamentos que abruptamente saltó de marcar tres o hasta diez a diarios a 70 en solo 24 horas o 51 como lo indicó el boletín del Ministerio de Educación, correspondiente al 16 de julio.

De nada vale que se adopten medidas en la capital de Norte de Santander y en el mismo Villa del Rosario si no se hace también cumplir la orden presidencial de la frontera con candado.

El Estado debe hacer valer su autoridad por encima de las mafias y de las organizaciones al margen de la ley que allá operan, acción constitucional y legal que si fue urgente en el pasado, hoy es extraordinariamente necesaria por el momento tan difícil que enfrentamos.